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VIOLENCIA Y DIÁLOGO

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Por Sergio SARMIENTO./

Aunque el partido de los que sí saben gobernar está en el poder, México se hunde cada vez más en la ingobernabilidad. Grupos de presión han tomado el control de algunas regiones y utilizan la fuerza para exigir recursos públicos y tratos preferenciales.

Este 23 de julio se llevó a cabo en Chiapas una de las muchas manifestaciones en que grupos de presión exigen dinero y privilegios. La movilización frente al Palacio Municipal de San Juan Chamula demandaba “dinero para obras” y “recursos para artesanas”. El presidente municipal, Leopoldo López González, del Partido Verde, y otros miembros del cabildo salieron a dialogar con los manifestantes, pero tanto el alcalde como un síndico y un regidor fueron abatidos por encapuchados. En total cinco personas murieron y 12 resultaron heridas en este ataque que, de haber ocurrido en Múnich o París, habría sido objeto de una cobertura mediática internacional. En México es parte de la vida cotidiana.
La cultura de la violencia se ha apoderado de nuestro país. La idea de que sólo era necesario que los que sí saben gobernar regresaran a Los Pinos para bajar la violencia ha caído por tierra. Es verdad que hubo un descenso en las cifras de homicidio a partir de 2012, todavía en el sexenio del panista Felipe Calderón, pero los números están subiendo nuevamente. En los seis primeros meses de este 2016 los homicidios dolosos aumentaron 15.6 por ciento para registrar 9 mil 413 (Sistema Nacional de Seguridad Pública).

Si los homicidios están subiendo, también las protestas, que se están saldando cada vez más con violencia. Las muertes durante la protesta de San Juan Chamula son el ejemplo más reciente. Pero ahí están también los hechos de Nochixtlán, Oaxaca, en que nueve personas murieron el 19 de junio en una balacera durante el desalojo de un bloqueo de la autopista Oaxaca-Puebla, o los de Iguala del 26 de septiembre de 2014, cuando más de 40 personas fallecieron tras ser atacadas mientras se movilizaban en autobuses robados.

La violencia es consecuencia de la inacción de un gobierno que ha perdido la brújula, que no entiende ya su función en la sociedad. La principal responsabilidad de un gobierno es proteger a los gobernados del robo y la violencia. Esta función no se cumple con facilidad, ninguna sociedad está completamente exenta del crimen; pero México es uno de los países con mayor inseguridad y peor estado de derecho.

Algunas veces los funcionarios alcanzan un vislumbre de su responsabilidad. El 1ro de julio el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que “se ha agotado el tiempo”, que ya no se permitirían los bloqueos y abusos de la CNTE. La realidad ha sido otra. El gobierno se ha visto cada vez más acorralado. Los bloqueos de vías de comunicación, los robos de vehículos, los secuestros (hoy “privaciones ilegales de la libertad”) y las agresiones se multiplican mientras las autoridades se muestran aterradas ante el posible uso legítimo de la fuerza.

Las reglas deberían ser muy sencillas. Las protestas se permiten, las agresiones, los robos y los bloqueos no. Pero los que sí saben gobernar nos dicen, en la voz de Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia: “Seguiremos apostando a la vía del diálogo. La siguiente vía sería la vía del diálogo, después la vía del diálogo y después la vía del diálogo”.

Y mientras el gobierno dialoga, los grupos que viven de la protesta sienten la libertad de abusar de los ciudadanos. Ante la falta de gobierno, la violencia aumenta.

Vehículos robados

En Turícuaro, Michoacán, la CNTE mantiene más de 75 vehículos robados, muchos de ellos autos nuevos traslados en remolques. La autoridad, como siempre, no se atreve a hacer nada.

Twitter: @SergioSarmiento

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