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TRAS LA HUELLA DE LOS ALVARADO.

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militares-groEl Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), demandó aquí al gobierno federal y al Ejército Mexicano, una respuesta sobre el paradero de los tres jóvenes integrantes de la familia Alvarado, “levantados” por presuntos militares el pasado 29 de diciembre de 2009 en el Ejido Benito Juárez en San Buenaventura, y de quienes pidió buscar garantizar su integridad física.
Transcurridos 22 días, no hay respuesta de ninguna autoridad; ni militar ni civil.

Agrupaciones pro-defensoras de los Derechos Humanos esperan que antes de que se retire o sea cambiado de plaza el general Felipe de Jesús Espitia y que el Ejercito deje el mando en la Operación Coordinada Chihuahua, haya resultados en torno a los abusos, homicidios y la presunta desaparición de las personas.

El director del CDHPN, el presbítero Oscar Enríquez, dijo que existen evidencias de que los militares participaron en la desaparición forzosa de los jóvenes Nitza Paola Alvarado de 31 años; Rocío Alvarado Reyes de 18 y de José Ángel Alvarado Herrera de 31. –Ocurrió hace tres semanas y todavía es tiempo de que no existe una respuesta-, expresó.

“José Ángel y Nitza Paola fueron subidos a la fuerza a un vehículo por presuntos militares. Y Rocío fue sustraída arbitrariamente de su domicilio, también por presuntos militares”, se informo.

Otra de las versiones recabadas por la Comisión de Derechos Humanos de las Mujeres, apuntan a que “10 militares descendieron de dos vehículos oficiales e ingresaron al domicilio particular de José, con rifles de alto poder y los uniformados sacaron a la fuerza a Alvarado y a su sobrina”.

De acuerdo a la versión ofrecida a El Universal, “Los familiares han presentado sus denuncias con todas las autoridades competentes, que incluye el propio Ejército Mexicano, la Comisión Estatal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organizaciones internacionales, sin que haya respuesta de ninguna autoridad, a tres semanas de la desaparición.

La queja que también fue turnada al Comité Interamericano de los Derechos Humanos y la organización de Amnistía Internacional, pretende que el gobierno nos dé una respuesta de lo que realmente sucedió.

Los familiares quieren “vivos” a los suyos y de regreso a la casa, dijo a su vez el presidente del Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública en Ciudad Juárez, Eduardo Guereque.

Los activistas fronterizos también mostraron su indignación por la falta de resultados en el caso del homicidio de Josefina Reyes, asesinada el pasado 3 de enero en el municipio de Guadalupe, Distrito Bravos en el Valle de Juárez. 

Guereque dijo que el Observatorio está preocupado por las personas que han participado en las medidas de presión y que han pedido que se esclarezca el asesinato de la activista de los Derechos Humanos, en protestas en contra de la violencia que ha generado el crimen organizado; así como de las violaciones a los derechos humanos cometidas por algunos elementos del Ejército Mexicano en esta frontera. 

Alberto Brunori, representante de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para México, dijo hace unos días en esta ciudad, que conoció el caso y se entrevistó con los familiares de Los Alvarado y de la activista Josefina Reyes, así como con el general, Felipe de Jesús Espitia, demandando esclarecer los hechos.

Sin embargo Brunori, dijo que “las violaciones a los Derechos Humanos de los soldados –si las hay-, tienen que ser investigadas y resueltas”.

“Existen versiones encontradas en ambos casos”, dijo entonces Brunori, sin aportar mayores datos, durante una conferencia de prensa.

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