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TORRE FUERTE: TESTIGO PROTEGIDO QUE NUNCA PAGó (THE BLACKLIST)…

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The Blacklist: Testigo protegido que nunca pagó. /

Hay molestia y mucho coraje de algunos propietarios y directivos de medios digitales y de otras empresas de comunicación que fueron exhibidos públicamente en la capital, vinculados a la Blacklist del gobernador Javier Corral, a quienes se pretende responsabilizar del presunto desvío de recursos por el orden de los 337.5 millones de pesos.

Hay un revire y un presunto culpable en todos estos enredos. Su nombre es Jaime Ramón Herrera Corral, exsecretario estatal de Hacienda, a quien señalan como el verdadero responsable de la desinformación que se ha generado al interior del gobierno estatal.

Al menos un exfuncionario gubernamental y el director de OPTV, Antonio Gómez Sustaita, salieron ayer mismo al ruedo para puntualizar varios aspectos de la información vertida aquí en Torre Fuerte, y señalar, el primero, en que debe ser el gobierno quien debe preguntarle al extitular de Hacienda, sobre el cumplimiento de los pagos y los criterios que él mismo tomó para pagar solamente a sus amigos de los medios;

Y el segundo, es decir Toño Gómez, para precisar que es “totalmente falso que la empresa OPTV, S.A de C.V. haya recibido 8 millones 120 mil pesos por un contrato publicitario durante la administración del gobierno del Estado de Chihuahua”, tal como lo afirmamos en este espacio.

Es decir, que además de Gómez, hay otros señalados que tampoco recibieron un solo peso, y que hayan sido “convidados con millones de pesos por parte del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por lo que mucho menos, aceptan, que sean “amigos, defensores o aplaudidores del anterior régimen”, que bah.

Otros, como el caso del propietario del desaparecido periódico Norte de Ciudad Juárez hasta interpusieron una demanda por que no se les pagó la cantidad que se había pactado. El gobierno se quedó corto y a Oscar Cantú Murguía, afirman los que saben, solamente se le pagó una parcialidad del monto total referido en el presupuesto del último año de la anterior administración estatal de Duarte.

Ese revire y las supuestas informaciones filtradas y manejadas en los medios capitalinos conducen pues a que el gobierno de Chihuahua, a través de la oficina de comunicación social, ponga en claro la veracidad de los contratos y la firma de documentos y de ser posible, hasta las facturas para que nadie sea sorprendido por el manejo de los reportes y listas extraoficiales que aquí hemos denominado: The Blacklist del gobernador Javier Corral Jurado.

En una de esas y se comprueba que alguien más, recibió las millonarias sumas de dinero y las puso en su cuenta particular, y bueno, pues habrá que preguntarle al secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral para saber, en donde quedó el dinero que extraoficialmente y por el manejo gubernamental, no cuadra en los números oficiales, en el presunto desvío de recursos económicos.

Nada tan fácil que cuestionar a los testigos protegidos, varios de ellos, en la línea descendente de la propia secretaria de Hacienda para conocer el destino de muchos millones de pesos que, de acuerdo al nuevo giro del tema, no llegó a su destino o a las bolsas de los periodistas y/o directivos de algunos medios, particularmente en Ciudad Juárez.

La respuesta está en algunos de los 37 exfuncionarios estatales que encabeza Jaime Herrera Corral en la lista de testigos protegidos que aceptaron proporcionar información para la investigación en contra del exmandatario estatal.

El extitular de las finanzas estatales, otrora hombre de todas las confianzas del exmandatario, es el indicado para resolver los misteriosos manejos de los dineros y poner fin a las especulaciones de quienes sí y quienes no, recibieron el pago de los ‘compromisos’ pactados con el gobierno del Estado de Chihuahua en los tiempos del Duartismo.

Algunos de los testigos claves como Mario Trevizo; Raúl Chávez; Miguel Salcido; Manuel Russek, Fidel Pérez Romero y el propio Jaime Herrera, saben más de lo que seguramente han expresado al gobierno del ‘Nuevo Amanecer’ a fin de hacerse de los beneficios legales que trae consigo la figura de testigo protegido.

En el presunto desvío de recursos, del reporte filtrado a medios, y que alcanza los 337.5 millones de pesos en términos redondos, aparecen: Publicaciones e impresos Paso del Norte S.A. de C.V. Prensa e internet con 53 millones 666 mil pesos; Centro de Acción Empresarial Altea S.A. de C.V. Consultoría y asesoría de imagen con 50 millones de pesos; Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V. Prensa e internet con 37 millones 474 mil pesos; Omega Comunicaciones S.A. de C.V. Prensa e internet con 23.5 millones;

Además de Mercat Estudios Comerciales y Estratégicos OMEGA, S.A. de C.V. diseño y elaboración de publicidad con 20 millones; Grupo Publicitario Avantgard S.A. de C.V. Monitoreo de medios digitales con 19.5 millones; Publicidad Captiva S.A. de C.V. Elaboración de Spots de Radio con 19.5  millones de pesos; Publicidad Técnica Duncan S.A. de C.V. Elaboración de spot de televisión con igual presupuesto (19.5mdp), Impresiones Especializadas Graphcom S.A. de C.V. Impresiones de lonas, carteleras y dípticos, también con 19 millones 500 mil pesos;  César Daniel Sáenz Iturte Spots Tv e informe de Gobierno con 13 millones 817 y Publicaciones Samachique S. De R.L. de C.V. Prensa e internet con 12 millones 308 mil pesos, entre otras empresas que han sido señaladas.

 

Violencia: Todos Culpables! /

En el centro el sismo, y aquí la violencia. Nadie se salva. Todos somos culpables! Gobernantes y sociedad, responsables por acción y omisión, de la violencia en las calles de la ciudad y en el Centro de Rehabilitación de la ciudad de Chihuahua.

La violencia acabó, justo en la víspera de los primeros informes de los alcaldes Armando Cabada y María Eugenia Campos, en Ciudad Juárez y en la capital, y el del gobernador Javier Corral, con la esperanza que mantenían algunos de que el primer año de gestión gubernamental fuera la esperanza, y más allá, la satisfacción al anhelo de muchas promesas incumplidas, pero no fue así.

Hasta ayer, el gobernador permaneció silente y a la espera de los resultados y los trabajos primarios de la investigación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Los alcaldes Armando Cabada Alvídrez y María Eugenia Campos Galván andan más preocupados por la reelección de 2018 y por mantenerse en la palestra a salvo de los vendavales, que resolver los embates de la violencia y el fuego.

Cabada y Campos, son los responsables directos de la violencia que ha resurgido en las calles y en las colonias de Juárez y de la ciudad de Chihuahua.

La alcaldesa panista de Chihuahua, Maru Campos, pidió la intervención federal y le dio de pasadita, un raspón a la nave del gobierno de Javier Corral, de quien dijo, “sé que contaremos con el apoyo del Gobierno estatal, pero esperamos que se fortalezca el apoyo federal para decir a los delincuentes que no nos van a arrebatar la ciudad, ni el servicio público, porque no les tenemos miedo…”

La exdiputada, ya hasta dio a conocer que pedirá directamente y sin intermediarios, una reunión con Renato Sales Heredia, el comisionado nacional de la Secretaría de Seguridad Pública.

En esta frontera la historia de desencuentros que ya va para un año, entre el presidente independiente Armando Cabada y el gobernador Javier Corral no da para más. La liga política esta reventada.

Javier Corral sigue pensando desde el inicio de su gobierno, que no hay confianza, ni lealtad del señor presidente municipal, y mucho menos de los funcionarios que están al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Irresponsable, indiscutiblemente pensar en la reelección y en las campañas venideras en medio del fuego cruzado, y del hartazgo de una sociedad que sigue sumida en el desencanto y en la desesperanza.

 

El informe de Hortensia Aragón. /

Si no existen cambios de última hora, todo está listo para que el próximo sábado 30 de septiembre, la diputada federal Hortensia Aragón Castillo, rinda su informe de trabajo legislativo en el Teatro de Cámara en la ciudad de Chihuahua, a fin de dar a conocer a la raza de la capital, lo más relevante de su trabajo presentado en la Cámara de Diputados.

Ayer trascendió que entre otros temas que abordará, la diputada del PRD propone declarar el 18 de noviembre de cada año como el Día Nacional para la Erradicar de la Violencia Política Contra las Mujeres, con la finalidad de colocar este tema en la agenda política nacional y coadyuvar en la prevención y eliminación de este flagelo y contribuir así en el avance hacia la igualdad sustantiva.

En su iniciativa, la diputada perredista afirma que históricamente las mujeres en política han enfrentado problemas de discriminación, agresión e intimidación, ello debido a que la violencia política se vive “naturalizada” en las dinámicas colectivas que sostienen los estereotipos de género.

Hortensia Aragón afirma que, aunque la participación de las mujeres en el Congreso ha ido en aumento, aún no se logra el mismo porcentaje de participación respecto de las presidencias de las comisiones, donde sólo alcanzan a conducir alrededor de 30% de estos órganos de gobierno en ambas cámaras. Las mujeres quieren más poder.

Un dato interesante. En México la LXIII Legislatura de la Cámara baja cuenta con la participación de 213 mujeres de un total de 500 diputados, lo que representa 42.6%; en tanto que, en la Cámara alta participan 48 mujeres, es decir 37% de un total de 128 senadores.

En la perspectiva de la diputada, hay evidencias que demuestran que la creciente participación política de las mujeres ha traído consigo, aparejado, el riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia, ya que su presencia, dice, desafía el estatus quo y obliga a la redistribución del poder, señaló la legisladora chihuahuense.

Comentarios: mariohectorsilva@yahoo.com.mx

 

 

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