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TORRE FUERTE: OBLIGADO GOLPE DE TIMóN EN EL PRI

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Obligado golpe de timón en el PRI. /

El delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el guerrerense Sofío Ramírez Hernández -ese hombre al que le sacaron la vuelta más de dos representantes populares de Chihuahua en la capital del país, el mismo día en que hizo su presentación en el comité municipal del partidazo en Ciudad Juárez-, está obligado a reportar a las autoridades centrales que el PRI en Chihuahua no puede levantar el ‘ancla’ de la nave.

En medio de la emergencia, y una de las más graves crisis políticas que ‘golpea’ al PRI y a los priؙístas de Chihuahua, urge un golpe de timón en el mando.

Sofío Ramírez, no sólo ha sido incapaz de poder negociar con los grupos de poder político en las dos principales ciudades de la entidad, sino que tampoco ha podido reunir a los ‘patriarcas’ de ese partido, inconformes con las decisiones y la distribución de las candidaturas en el estado de Chihuahua.

Las renuncias y los brazos caídos de algunos priístas que han tomado la decisión de abandonar a ese partido, y de otros que tomarán distancia en la operación y participación rumbo a la elección de 2018, son señal inequívoca del contundente fracaso del delegado del CEN del PRI para Chihuahua.

Se trata del reporte de daños que se ha originado en la capital del estado y también en la toma de decisiones equivocadas que se endosa al líder estatal del priismo en Chihuahua, Omar Bazán Flores, al grado de que algunos saben que el affaire Omar-Lilia, se ha convertido en un contrapeso al liderazgo y a la mismísima aspiración al senado de José Reyes Baeza Terrazas. Y no me lo crea, pregúntele a los priístas.

Quizás el menos responsable sea el pobre del delegado nacional del PRI. El experredista y ahora delegado del tricolor, no supo siquiera donde metió la cabeza el día en que fue nombrado como enviado del CEN para el estado de Chihuahua.

En el estado de Chihuahua nadie para las broncas. Las renuncias siguen en cascada, desde el norte hasta el centro y sur de la entidad.

Los priistas, algunos agazapados y otros en pie de lucha, como la senadora Lilia Merodio y como el expresidente estatal del PRI, Miguel Ángel González (MAGO), exigen la renuncia inmediata del exlíder cenopista en la capital de la entidad.

Otros hacen culpable al delegado Sofío Ramírez.

La realidad es que el PRI ha registrado bajas históricas como nunca antes había sucedido. En esa suerte, se han ido, algunos enemigos del Duartismo, pero también otros que, habiendo bailado en la administración anterior, se sentían merecedores de la ‘gloria’ política.

Unos más como es el caso del expresidente municipal, Javier González Mocken se sintieron traicionados en la toma de decisiones, y ahora, irónicamente, son acusados como tales por parte de sus verdugos y detractores políticos.

De Teto Murguía, se sabía poco o nada en torno a sus aspiraciones políticas para 2018. En más de una ocasión dijo que no quería absolutamente nada. Se mantuvo en bajo perfil, y ahora no se siente responsable absolutamente de nada, porque de nada fue convidado.

 

El crimen organizado, al acecho de la elección. /

Grave lo que sucede en Chihuahua. El gobernador Javier Corral Jurado advirtió ya sobre los riesgos de que el crimen organizado infiltre el proceso electoral en la entidad, especialmente en la sierra, mediante la designación de candidatos, y advirtió a los partidos políticos -empezando por el suyo (PAN)-, que tengan “mucho cuidado” a quien se va a postular, dijo el mandatario a la pregunta directa del reportero del periódico Norte, Carlos Omar Barranco.

El gobernador validó la premisa de que “hay veces que la fama va diciendo cosas”, dijo al referirse a la gente que puede ser postulada y que tiene antecedentes. Por supuesto que no se refirió al presidente municipal de Juárez, Armando Cabada Alvídrez -en más de una ocasión presuntamente ligado a gente relacionada con el crimen-, sino a los postulados en los municipios de la zona serrana, “tan vulnerables a esa influencia” del narcotráfico, explicó.

Y quizás no se dé por aludido, por conveniencia política, pero el presidente municipal de Juárez, sin lugar a duda, ya tomó nota del mensaje emitido por el gobernador de Chihuahua. Nada, ni nadie que tenga nexos o se le relacione o presuma con el crimen, aparecerá en las boletas del próximo 1 de julio.

La última vez que Armando Cabada fue ligado a los intereses de la delincuencia organizada, fue ese mismo día de principios de noviembre de 2008, cuando fue ejecutado el periodista de El Diario, Armando Rodríguez Carreón, ‘El Choco’, y el conductor de la TV tuvo que ser custodiado por decenas de elementos de la CIPOL que lo escoltaron hasta cruzar al vecino país (Estados Unidos), después de recibida la amenaza de muerte.

No fue el único periodista amenazado, pero era un secreto a voces que el entonces director de noticias de Canal 44, era por alguna circunstancia, informado, en algunas ocasiones a detalle, de los hombres que serían ejecutados y los lugares y calles en que las victimas aparecerían asesinados. Y los reporteros de esa televisora eran quienes siempre obtenían la primicia.

¡Aguas!, el gobernador Javier Corral abordó un tema tan sensible y tan delicado, en medio de la refriega de los grupos de la delincuencia, con la consecuente ola de violencia, imparable por ahora en Ciudad Juárez, en la capital de Chihuahua y en algunos puntos serranos de la entidad, que ya empezó a ‘blindarse’ ante la posibilidad de que el asunto se le pueda salir de control.

Todos los aspirantes a candidatos de elección popular pues, desde los postulados a las regidurías, sindicaturas y alcaldías, hasta los que buscan candidaturas a diputados local y federal y al senado, están ahora en la lupa de la inteligencia política y por consecuencia de los gobiernos estatal y federal.

Serán investigados y deberán comprobar que no tienen mácula, ni vínculos con la delincuencia organizada o cualquier actividad ilícita.

Chihuahua, pero particularmente Ciudad Juárez, sigue siendo sacudida por el crimen. Las policías han sido incapaces para detener los avances de la delincuencia.

Diferentes grupos y bandos se disputan la plaza, y los intereses relacionados con los millonarios ingresos que deja la actividad del narcomenudeo.

 

Piden intervención de Corral. /

Con los ‘pelos de la burra en la mano’, como luego dicen por allí, el concesionario de la red EcoBús, Juan Carlos Saldívar, se aventó el tiro de denunciar diversas irregularidades en la administración de INTRA (Integradora de Transporte) que maneja el sistema Vivebús, y que apunta ni más ni menos que al actual director de los Servicios Públicos de la ciudad, Raúl Rodríguez Santillanes.

De acuerdo con la carpeta de Saldívar, existen varios rubros y conceptos donde las cuentas reportadas por el presidente de Intra a los 29 concesionarios no cuadran en la columna de los pagos y las cifras totales que son reportadas por esa administración.

Por eso, y para evitar ‘sorpresas’ mayúsculas, Juan Carlos Saldívar pidió al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado que realice una auditoría a fondo y de preferencia externa, para evitar que se contaminen los intereses de los ‘amigos’ y políticos asociados Rodríguez Santillanes.

Y es que, en esos entuertos de las presuntas irregularidades, apareció también el documento y firma que vincula al jefe de Transporte, Víctor Estala Banda y hasta la supuesta firma también del secretario general de gobierno, César Jáuregui Robles, que habrían permitido la incorporación e integración ilegal de once concesiones autorizadas durante el gobierno de César Duarte Jáquez, que al inicio de este gobierno, y a cambio de algunos ‘dadivas’ de miles de dólares, fueron avaladas para que mantuvieran su vigencia y operación en la administración de Javier Corral.

El asunto es que, dicen, violentó los acuerdos de la asamblea -que jamás aprobó esas concesiones-, además de la regla de operación del sistema de transporte Vivebús para que operaran en la primera ruta troncal. Las once concesiones del servicio nunca fueron soportadas con un estudio técnico y de campo.

Los concesionarios de Vivebús piden al gobernador auditar y reestructurar el manejo y eficiencia en el servicio en el transporte y el apoyo para hacer frente a la deuda de 11.5 millones de pesos que tienen con camiones DINA.

Los malos manejos del transporte se los endosan, aunque no lo dijo textualmente Juan Carlos Saldívar a Raúl Rodríguez, pero ni falta hizo.

El concesionario habló ‘fugas’ de dinero, conflicto de intereses, intimidación, amenazas y represalias.

 

Exfuncionaria presionada y amenazada. /

Definitivamente que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, es víctima de sus propios funcionarios.  Se supone que hace varias semanas, el mandatario había ordenado a Maclovio Murillo revisar el caso, ante la petición de familiares que abogaron por el caso de la infortunada mujer. Pero no sucedió absolutamente nada. No hubo clemencia, ni gracia y Murillo le dio largas al asunto.

El caso de Karla Areli Jurado Bafidis, ex funcionaria de cuarto nivel de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua se ha convertido mediáticamente en una ‘bola de nieve’ que amenaza con echar abajo las estructuras del proceso denominado ‘Justicia para Chihuahua’.

Como lo mencionamos oportunamente en Torre Fuerte hace algunas semanas, la exempleada de educación en la prisión ha tenido que echar mano de todo cuanto puede y tiene a la mano. Exige justicia y que el gobierno cese de presionarla psicológicamente.

Karla Areli Jurado Bafidis acusó al gobierno estatal del panista Javier Corral Jurado, y a la Fiscalía General de Justicia, de “presionarla sicológicamente y amenazarla con sentenciarla a 12 años de prisión”, si no aceptaba ser responsable del robo de unos 246 millones de pesos, cometido en 2016, y ser testigo protegido para declarar en contra del ex mandatario priísta César Duarte Jáquez y de otros ex funcionarios. Esa denuncia fue difundida por el periódico de La Jornada.

De acuerdo con el rotativo, por el mismo delito que se atribuye a Jurado Bafidis fue señalado Ricardo Yáñez Herrera, ex secretario de Educación, Cultura y Deporte, quien se declaró culpable y se le sentenció a cuatro años de cárcel en un juicio de procedimiento abreviado. Actualmente se encuentra recluido en el penal estatal Aquiles Serdán.

En un cuestionario que le envió La Jornada, Karla Areli Jurado Bafidis expuso: Tuve mucho miedo de pasar 12 años en la cárcel. Yo jamás supe de ese dinero. Estaba a cargo de una oficina, no de la administración de la secretaría, como lo han presentado. Llevaba apenas cuatro días trabajando cuando se dio la desviación del dinero.

Aseguró que su juicio “está lleno de irregularidades. Se violaron todas las leyes y garantías constitucionales, porque para acusarme nunca me enviaron citatorio. Me detuvieron sin orden de aprehensión, me incomunicaron y obligaron a firmar para estar en un juicio abreviado lleno de mentiras y verdades a medias”.

Jurado Bafidis recordó que tenía cuatro días de haber llegado a su oficina cuando sus jefes le pidieron firmar un contrato de servicios de capacitación de empresas que resultaron ficticias, a pesar de que mi función era en un área administrativa; es decir, distinta a la académica, en la que yo no tenía nada que ver.

Consideró que el comité de adquisiciones del gobierno de César Duarte Jáquez ya había planeado y premeditado el robo desde un año antes, para desviar dinero a las campañas del Partido Revolucionario Institucional. Sólo faltaba a quien echarle la culpa.

Comentarios: mariohectorsilva@yahoo.com.mx

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