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TORRE FUERTE, MIÉRCOLES 13 NOV.

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COLUMNA INVITADA./ Don Federico, su hija y el yerno./

La hija mayor del acaudalado empresario Federico de la Vega Matthews está en plan de guerra en contra de la reforma hacendaria del Presidente, Enrique Peña Nieto. Lupita de la Vega ha decidido sumarse a la batalla en contra del gobierno federal, porque, en realidad, se trata de una lucha que no parte únicamente de la visión empresarial, sino de la visión social en la que se ha movido la familia.

Los negocios de la cadena de Superettes los maneja realmente desde hace tiempo su papá y un eficiente equipo de colaboradores que encabeza Manuel Castillo, quienes son los que se preocupan porque cuadren las cuentas y los negocios sigan en expansión.

Fuera de eso, a Lupita le toca hacer la parte política luego de que, los empresarios juarenses incrustados en la Cámara de Diputados, se convirtieran en los verdugos de Juárez, nos referimos a los flamantes ‘representantes del pueblo’ Adriana Fuentes, Nacho Duarte y Luis Murguía, quienes deberían de ser los verdaderos responsables de ir en contra de las reformas abusivas del paquete económico de la federación que se reflejará a partir de 2014 con una secuencia de incrementos en impuestos. Más allá, en el centro y sur del país se tejen otros intereses.

Algunos creen que en otras entidades del país, hay los ‘Nachos’, las ‘Adrianas’, los ‘Luises’, a quienes se tiene que reclamar más allá de los cuestionamientos mediáticos en el papel, tinta y espacio que ofrecen los medios de comunicación.

El sector privado y algunas figuras políticas de oposición al sistema en México han hecho alianza y están convocando a una megamarcha en la frontera contra la reforma fiscal a la que se está convocando en las redes sociales para el domingo 24 de noviembre a las diez de la mañana.

En el fondo la megamarcha tiene un trasfondo social más que político, aunque en las formas sea justamente el asunto político el que predomine en una convocatoria que busca llamar la atención del gobierno de México. Quien quite EPN se conduela y establezca otro programa emergente como el de ‘Todos Somos Juárez’ de Felipe Calderón, a diferencia de que ahora no se trata de un asunto de violencia, sino de economía.

El movimiento social también busca involucrar y sacudir la conciencia de los habitantes de otras entidades fronterizas como Baja California; Sonora; Coahuila; Nuevo León; Tamaulipas y hasta Guanajuato. Detrás está la mano del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional.

Lupita de la Vega está realmente al servicio de la Coparmex nacional, aunque aquí preside el Consejo Coordinador, célula artífice del movimiento nacional a lo largo de la frontera norte con Estados Unidos.

Los empresarios han hecho -literalmente-, a un lado al gobernador César Duarte. Al menos la familia de Lupita que no vio con muy bueno ojos que el mandatario removiera de la Secretaría de Economía al jalisciense Álvaro Navarro, no por los momentos de crisis económica, sino por la coincidencia de intereses políticos opuestos que manejaban hija y yerno de Don Federico.

Sin embargo, no todo es sombrío para la influyente familia juarense que ha echado raíces en El Paso, Texas. Sus relaciones políticas de alto nivel con el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari y Paula Gerard, amiguísima de Lupita de la Vega, pueden sacar a flote, no solo a Lupita, sino a toda la parvada de empresarios renegados de la política fiscal del Presidente Enrique Peña Nieto.

Ayer mismo Lupita informó que mañana jueves 14 de noviembre se reunirá con Juan Pablo Castañón, presidente nacional Coparmex para buscar la manera de concretar una cita con el presidente Enrique Peña Nieto y presentarle la afectación que tendrá la aplicación de la reforma fiscal en la frontera.

Dicen que la esperanza muere al último y eso parece animar a los empresarios fronterizos que, de nueva cuenta, casi como en los tiempos del ex gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez García -su verdugo en el Senado-, empiezan a renegar del gobernador en turno.

Lupita no tiene malas intenciones. Ella cree en México. El hecho de haber nacido y crecido en una familia poderosa económicamente; además como descendiente de uno de los hombres más preclaros de la política y las finanzas; e hija de una mujer altruista y generosa poseedora de una amplia visión social, la señora Navarro, actualmente presidenta de Coparmex tiene la libertad para opinar, para disentir y para dialogar sobre los temas torales de la vida pública mexicana… esa es la libertad que genera el poder económico; el de los diputados del PRI, es una triste copia del entreguismo y la falta de identidad.

Inconstitucionalidad de la reforma.

La vía de la inconstitucionalidad de la homologación al IVA, que fue votada por el Congreso para incrementar del 11 al 16 por ciento el impuesto en la frontera sigue siendo tema de debate.

La diputada Martha Beatriz Córdova, del Movimiento Ciudadano y ahijada del ex senador y priísta veracruzano, Dante Delgado Ranauro sigue montada en su macho. Y al igual que Lupita ha declarado que le hará la guerra al sistema político del país.

El diputado del PAN, Carlos Angulo fue nombrado por su partido, coordinador de esa gestión de inconstitucionalidad, de la que expresó que es necesario el voto de la tercera parte de los diputados, 165 exactamente, para poder presentarla.

Reyes y Patricia, ¡culpables!

Aunque no lo dijo literalmente, quizás por prudencia política y por el extremo cuidado de las formas que en política son fondo, como dijo Jesús Reyes Heroles, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, dejó entrever que los malos de la película en el caso de Israel Arzate son ni más ni menos que la Ex Procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González Rodríguez y el gobernador José Reyes Baeza.

Dijo que la liberación de Israel Arzate “abre heridas que no han podido ser cerradas”. Expuso de plano que no está de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de liberar a Arzate, pero dijo que su gobierno, con todo y el pataleo y el alboroto de la raza, familiares de las víctimas, etc., acata la instrucción que es emitida por una instancia superior. Ni hablar.

Lo interesante de las declaraciones del mandatario está en la observancia y reproches del pasado. Sus antecesores en el gobierno estatal, que incurrieron en “prácticas indebidas” en las indagatorias y fuera de la ley. Sinónimo de prácticas irregulares, dolosas, perversas.

Eso es lo que en la actualidad ha provocado que la investigación del caso se haya visto afectada. “Recordemos que yo presenté la iniciativa que hoy es ley, en la cual se castiga la tortura en Chihuahua, y es penalizada”, dijo el gobernador a los reporteros. César Duarte, hábil en la política se justificó: se lavó las manos y acusó a sus antecesores.

El gobernador se solidarizó con los familiares de las víctimas de Villas de Salvárcar, cuyo tragedia marcó para la historia de Chihuahua y, particularmente de Ciudad Juárez, un parteaguas en la política social ortodoxa que le generarían a Ciudad Juárez 5 mil millones de pesos bajo el programa Todos Somos Juárez. Recursos federales inéditos que contribuyeron de 2010 a 2011 a enfrentar la violencia y el crimen y los problemas generados en el tejido social.

“Seguiremos insistiendo en que se castigue a los responsables… yo me he reunido infinidad de veces con los padres de los jóvenes, me parece que es un momento lamentable y doloroso para Chihuahua, tanto en aquel momento como ahora que viene a abrir heridas”, dijo.

Javier Garfio es chamaqueado.

Quién sabe si con toda intención o por candidez, el alcalde de la capital, el priísta Javier Garfio arrojó la piedra. Lo cierto es que desde ayer hay todo un alboroto en la Torre Legislativa -incluida la presión sobre el Presidente del Congreso, Antonio Andreu y sobre el pastor de la bancada tricolor, Rodrigo de la Rosa- para ratificar el próximo viernes a los jefes de la policía.

En tierras chihuahuitas se armó todo un cuento que no es verdad. Se dijo que los diez municipios, que esperan la ratificación de los jefes policiales, enfrentan severos problemas por la violencia.

Los diputados sin embargo, pese a los embates de la presión política originada por Garfio, siguen al dedillo las instrucciones del libreto. Los jefes policiacos deben ser presentados en el Congreso del Estado, deben tomar su curso de la Academia, así previsto por la nueva Ley y además deben esperar los resultados de una investigación policial que hacen las agencias norteamericanas del otro lado de la frontera.

Por todo eso, llama la atención si Garfio actuó premeditadamente o de manera cándida, desconociendo los detalles de la logística que siguen los señores diputados del Congreso que, por supuesto, no se mandan solos.

Andreu dio a conocer que el Poder Legislativo continúa con la recepción de información por parte de la Fiscalía General del Estado, ya que actualmente los tres aspirantes están bajo investigación de la dependencia. Y para evitar alboroto y patadas a destiempo, no se manejaron nombres.

Con todos esos antecedentes de lo que ocurre alrededor de la ratificación, Garfio está convencido de que es posible que para la próxima semana ya los diputados en pleno elijan al nuevo director de Seguridad Pública, mientras que este viernes comparecerán ante la comisión correspondiente.

Mientras tanto, los municipios como Juárez; Chihuahua; Parral; Ahumada; Camargo; Nuevo Casas Grandes y Aquiles Serdán pidieron que sea este órgano quien designe a su titular de la DSPM. El mundo no se va a terminar.

Una nota periodística habló de que “la falta de directores o secretarios de seguridad hizo crisis, con el repunte de la violencia y criminalidad, lo cual ha sido recriminado por la población y por organismos empresariales”. ¡Caramba!

La posición del gobernador de Chihuahua es diferente diametralmente. El mandatario habló de paz y tranquilidad y dijo que el mes de octubre es el tercer mes con menor índice de criminalidad. Es decir, que todo apunta a que están cilindreando de fea manera a Javier Garfio y en contra de los intereses del patrón.

Mientras tanto, en Ciudad Juárez, el alcalde Enrique Serrano, con más colmillo político, guarda silencio. No se mete en los asuntos que sabe, se decidirán en la capital y en su momento. Para que apresurar las cosas.

De todas formas por si no lo sabe Garfio que apunte: el proceso de ratificación implica, como lo dijimos desde hace más de dos semanas, en Torre Fuerte, pasar por una serie de filtros, que incluyen revisiones en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Exámenes de Control de Confianza, solicitud y cruce de datos e información con el Tío Sam (Estados Unidos) y la comparecencia de los candidatos, además de la Academia, entre otras cosillas. Alguien chamaqueó a Garfio.

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