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TORRE FUERTE: LOS DEMONIOS SUELTOS, ENTRE GUSTAVO Y PATRICIO…

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Intrigas, mentiras y corrupción./

Una enorme ‘bola de nieve’, que amenaza con colapsar la relación política e institucional entre la sindicatura , la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y el gobierno municipal  que encabeza el independiente Armando Cabada Alvídrez, tiene literalmente a varios empleados burócratas con el ‘Jesús en la boca’, a causa de que ellos también son parte de la Universidad y se verían obligados a presentar su renuncia.

Ese decir que gente como Nicolás Jurado y José Luis Ibave, gente de tiempo completo en la UACH, también tendrán que seguir el mismo camino que ya marcaron los maestros Samuel García Soto, jefe de asesores, el ex director de la Facultad de Ciencias Políticas, Eloy Díaz Unzueta y el maestro René Armando González Nava, que cobraban desde octubre en el gobierno, pero que obligados por las “circunstancias” de la descobijada que les dio el presidente municipal, a quienes ¡oh sorpresa!, descubrió que pertenecían a la Real Fuerza Aérea, enfocó la artillería en contra del equipo político del síndico municipal, Aarón Yáñez.

El escándalo sin embargo ha sido también acrecentado y matizado por las mentiras del Oficial Mayor del Ayuntamiento, Víctor Manuel Ortega, que siguiendo las instrucciones del señor presidente municipal, Armando Cabada, no tuvo tampoco empacho de mal informar a los medios de comunicación diciendo que no habían recibido las renuncias a la Sindicatura por parte de los maestros que la hacían de “asesores”.

Y es que desde ayer por la mañana la oficina de comunicación social soltó las copias de los tres formatos, de las solicitudes de baja presentadas con fecha del 28 de febrero, sellados y recibidos por la Oficialía Mayor el 3 de marzo de 2017, lo que puso en entredicho la malaleche del alcalde, porque es obvio que el Oficial Mayor no se mueve solo.

En esa maraña de señalamientos, intrigas, mentiras y corrupción es de esperarse que pronto los detractores del gobierno independiente de Cabada comiencen el bombardeo a la nave municipal, porque aseguran que ni Armando Cabada, ni algunos de sus funcionarios están sin mácula.

Ya el jefe de Obras Públicas del gobierno municipal, Gerardo Silva y el director del Instituto Municipal de Planeación (IMIP), Roberto Mora Palacios, están en medio de un  severo conflicto de interés, porque se afirma que ambos forman parte de empresas que están dentro del pastel presupuestario del gobierno que alcanza varios millones de pesos.

Ambos están ‘asociados’ e inmersos en intereses de empresas y firmas que han participado en millonarios contratos y presupuestos, por lo que el alcalde tendrá que dar en breve respuesta a las broncas que ya tocan la puerta de su despacho en el primer piso de la Unidad Administrativa Municipal.

Gerardo Silva y Roberto Mora, ahora funcionarios en el gabinete del independiente Armando Cabada son gente del mismo equipo en el ejercicio de sus actividades profesionales, y no será ninguna sorpresa que uno u otro, en breve presente su renuncia por “motivos personales”.

No se lo digan a nadie, pero por lo pronto ya se filtró por el área de comunicación social de Gerardo Sáenz, el reporte de que la empresa de Mora Palacios, “Desarrollo de Proyectos de Ingeniería”, sigue vigente con los contratos de obra pública que obtuvo mediante adjudicaciones directas que alcanzaron los 3 millones 203 mil 638 pesos en la actual administración.

El primero de los contratos adjudicados (OP-236-2016), del 1 de noviembre, es para la construcción de “Cuartos rosas”, cuyo monto asciende a 1 millón 528 mil 801 pesos, mientras que el segundo (OP-278-2016, 18 de noviembre) es para la rehabilitación de un parque ubicado en un centro comunitario en la colonia Cazadores Juarenses, cuyo monto asciende a 1 millón 674 mil 837 pesos. Y toda esa información no cayó del cielo, fue operada por el mismísimo jefe de comunicación social. Y por eso dicen, que luego se quejó de filtraciones al interior de las dependencias.

 

Los ‘demonios sueltos’ entre Patricio y Gustavo./

Buen agarrón, de esos de pronósticos reservados se traen el ex alcalde panista de Juárez,  Gustavo Elizondo Aguilar y el senador priísta de Chihuahua, Patricio Martínez García, que fueron como el agua y el aceite desde la correlación política en el ejercicio 1998-2001, que obligó incluso a  una denuncia en contra del ex jefe de gobierno municipal por peculado que convirtió a Elizondo en un ‘delincuente’ y prófugo de la justicia.

Eran los tiempos cuando la periodista de El Diario, Olga Aragón Castillo empuñaba la pluma para hacerle ver su suerte al ex alcalde juarense, a raíz de la denuncia que en su momento fue presentada por el gobierno del estado de Chihuahua, donde entonces daba cuenta de que el ex alcalde Gustavo Elizondo Aguilar se encontraba “desaparecido” ante la versión de que “abandonó el país ante el inminente peligro de caer en la cárcel después de haber acumulado siete denuncias penales en su contra”.

Tres de ellas por delitos electorales y cuatro por abuso de autoridad, peculado  y enriquecimiento ilícito.

Por cierto una de esas denuncias refería a un presunto fraude en perjuicio del agente aduanal, Antonio Carrillo Blancas, por varios millones de dólares.

Vaya tiempos!. Eran aquellos años, en donde desde el Congreso del Estado, el diputado Víctor Valencia de los Santos, entonces priísta, aseguraba que Gustavo Elizondo era ¡prófugo de la justicia! y nadie, ninguno de los 11 diputados del PAN en la sesión plenaria de aquella fecha, como cita la reseña periodística, refutaba las acusaciones en contra del alcalde de Juárez.

La querella más grave, se dijo, fue interpuesta por el Congreso del Estado ante la Procuraduría de Justicia en el Estado el 4 de julio del 2002, en contra del ex alcalde y de diversos funcionarios del Municipio de Juárez, por las irregularidades detectadas en los 10 últimos meses de la administración 1998-2001.  Los danos superaron los 56  millones de pesos.

Otra refiere a la querella interpuesta ante la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Estado, donde Víctor Valencia, entonces presidente del PRI y el abogado Fernando Bencomo, señalaron abuso de autoridad y peculado electoral, en la que responsabilizaron al ex alcalde de haber causado danos a las finanzas del Estado por el costo de la elección extraordinaria que ascendió a 40.7 millones de pesos.

El caso del fraude al agente aduanal Antonio Carrillo Blancas, años atrás, fue publicado en una carta dirigida al entonces gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio, donde Carrillo Blancas hace referencia al juicio de amparo 261/98-1, en donde demanda al subprocurador Jorge López Molinar y al jefe de averiguaciones previas, Jorge Ramírez por la “negativa de ejercitar acción penal en contra de Gustavo Elizondo Aguilar, quien cometió fraude en perjuicio de mi persona y de mi hijo”, acreditada en las averiguaciones 3399/98 y 3400/98, relacionados corresponde a presuntos fraudes por la compra-venta de terrenos y construcción de casas-habitación, en un contrato celebrado con el ex alcalde de Juárez en 1994.

Todo ello viene a colación por los nuevos reportes que han aparecido en medios, y en donde aparentemente el ex presidente municipal y ahora director del Fideicomiso para la Administración de los recursos de los puentes internacionales, nombrado por el gobernador Javier Corral, ha emprendido una ofensiva para revelar supuesto fraude cometido por el ex gobernador Patricio Martínez, que pagó 10 millones de dólares en la adquisición de terrenos en El Mezquital para la construcción de casas, y de terrenos inundables que según Elizondo Aguilar, no valían ni 30 centavos de dólar.

De ese tamaño andan las broncas, y es de esperarse pronto una reacción del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que tendrá que mediar entre su nuevo amigo, Patricio Martínez y su correligionario y colaborador en el gobierno, Gustavo Elizondo.

 

La clase pudiente con Andrés Manuel./

La aparición de un grupo de poderosos empresarios de la frontera y otros venidos de la ciudad de Chihuahua durante la visita que realizó hace dos días el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador en El Paso, es síntoma inequívoco de la posición y papel que jugará la clase empresarial en 2018.

La presencia de algunos integrantes de las Familias Fuentes, Zaragoza, la gente de Miguel Fernández Iturriza y hasta los Yapor y Ayub de Chihuahua, y algunos líderes sociales y empresariales como Sergio Conde Varela, Oscar Kuri y también ‘priístas’ como el nieto de Don Jaime Bermúdez, Juan Ubaldo Benavente y muchos otros más, cobra una relevancia especial.

Hubo casa llena, pero llamó poderosamente la atención  que en un país donde la política tiene muy bajo perfil, el nombre de Andrés Manuel y su ‘proyecto nación’ y gobierno para el 2018, haya jalado a los adinerados del pueblo de Chihuahua.

Claro que hubo también mucha morbosidad de priístas que estuvieron allí presentes como el caso de Andolza González –la hija del chato- y sus amigas, el ex diputado Jorge Carreón y una pléyade de priístas que andaban por allí agazapados y con cara de circunstancia, y seguramente a la espera de poder cambiar de nave política en la víspera de la sucesión presidencial que se avecina en el 2018.

Ellos sí serían ‘priístas morenos’ y fáciles de identificar.

Pian pianito, Juan Carlos Loera de la Rosa y Martin Chaparro están haciéndole la chamba política en Chihuahua al virtual candidato presidencial de MORENA.

 

Renuncia del Registrador: efecto Dowell./ 

No sea muy fijado, pero todo apunta a que la renuncia presentada por el ex regidor panista Rubén Trejo Ortega a la responsabilidad del Registro Público de la Propiedad (RPP), tiene un hilo de conducción que lleva a las recientes acciones y quejas promovidas por el ex líder del PRI, Guillermo Dowell, a causa de la intromisión y acciones ejercidas por gente del gobierno del estado a través del Registro en la Notaría Pública Número 12.

Se fue el Jefe Trejo, que renunció el pasado lunes a su cargo, a sólo cinco meses de haberlo asumido. Es decir, que hablando en términos prácticos, ni a melón le supo el ejercicio del poder en el Registro Público de la Propiedad. 

Rubén Trejo Ortega se convirtió en el ‘hilo’ más delgado de la cadena y ejercicio de mando en torno a la operación e inspección por parte de la Secretaría General de Gobierno, además de que dicen, Trejo no pudo tampoco resolver otros entuertos que tenían relación con asuntos de poderosas familias en la frontera y en donde también se vinculaba la participación de otro influyente Notario, Eduardo Romero, ex colaborador en el gobierno de Pancho Barrio y gente de gabinete en el sexenio de Vicente Fox.

Y de esa clase de entuertos y de grillas, no pudo salir ileso Rubén Trejo, como tampoco políticamente su patrón directo, Ramón Galindo  Noriega, representante del gobernador de Chihuahua.

No le carguen la mano a Rubén Trejo, pero se dijo en los pasillos del edificio estatal de gobierno, que había mucha incompetencia profesional y política.

Trejo volverá a atender su despacho legal, pues dijo que como servidor público “no podía litigar”.  Entregó su renuncia al director estatal del Registro Público, Daniel Olivas, y quedo a cargo provisionalmente Hortensia Trevizo, una empleada que conoce a fondo los entresijos dl Registro Público de la Propiedad.

Comentarios: mariohectorsilva@yahoo.com.mx

 

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