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TORRE FUERTE: LA OFENSIVA CONTRA EL PRESIDENTE…

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La ofensiva contra el presidente. /

A escasos dos meses y medio de la elección para presidente municipal de Juárez, el gobierno independiente encabezado por el alcalde Armando Cabada Alvídrez empezó a exhibir todas las fisuras de un gobierno tramposo, anárquico y corrupto.

La reciente denuncia presentada públicamente en medios de comunicación por parte de la abogada laborista Susana Prieto, que está muy lejos -quizás años luz, de ser la madre Teresa de Calcuta, puso al descubierto lo que semanas antes habíamos denunciado en Torre Fuerte, la abierta intromisión de un grupo de operadores que al interior del gobierno municipal han obligado a todos los trabajadores a participar en el trabajo político-electoral para lograr la reelección de Cabada.

Ahora se ha comprobado que la entrega de recursos de Desarrollo Social y de otras instancias y dependencias de gobierno a través de la directora de organización social, Marina Ivonne Bañuelos, de la gente de Carlos Corona en los Centros Comunitarios, han sido condicionados para que la población participe como representantes de casillas.

La regidora independiente Irma Medrano ha reportado que la gente está muy molesta y se han quejado por la actitud de los funcionarios, y viene un alud de denuncias en contra del gobierno municipal por que se han condicionado recursos y ayuda a la población, a la que han convertido en ‘botín político’.

Incluso ya embarró también a la regidora independiente, Margarita Peña, expriísta, excandidata al Senado por el PRD en 2006 y ahora independiente, quien coordina actividades de comercio, y participa también en las acciones que ha pedido el alcalde Armando Cabada para que todas las actividades tengan ‘raja’ electoral.

La agenda político-electoral está en manos de su asesor, César Rosales, a quien acusan de maniobrar todo el decálogo de actividades con fines electorales desde la oficina de Desarrollo Social, en donde ubican a su cónyuge.

El asunto obliga -además de las denuncias de carácter electoral ante la Fiscalía para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), a la intervención del Estado y de la Federación, y a la urgente instrumentación de auditorías para revisar recursos y participaciones de esas dos instancias en el ejercicio de gobierno.

El último coletazo en el gobierno municipal de Armando Cabada se lo atribuyen a Miguel Rojas, excolaborador del alcalde Héctor ‘Teto’ Murguía en el área de sistemas de información, quien es señalado por personal al interior de la presidencia de estar vigilando todas las redes de los empleados del gobierno las 24 horas del día para detectar el tipo de preferencias políticas.

Ya lo saben. El empleado que es detectado como seguidor o fan de alguno distinto al presidente es dado de baja. Es remitido a recursos humanos para que cause baja por motivos políticos.

Y ya ocurrió. Salió Alejandro Navarro, quien trabajaba en asentamientos humanos, e hijo de un reconocido periodista de la ciudad. Y también se fueron algunos jueces de barandilla, quienes están siendo ubicados como amigos y seguidores del expresidente Javier González Mocken.

El caso involucra a otros actores y candidatos. Ya le pegaron también a la candidata independiente María Antonieta Pérez Reyes, a quien involucran, vía espectaculares, a ser parte de un plan orquestado para la obtención de votos.

 

Hasta el último centavo en alumbrado. /

Viene otra ofensiva política que está revestida de tinte legal: el proyecto de alumbrado público, que será sujeto a una investigación y posible sanción por parte de los diputados del Congreso del Estado de Chihuahua, vía Auditoría Superior, donde contabilizarán hasta el último centavo que el gobierno independiente ha manejado en aras del ambicionado proyecto de ‘Juárez Iluminado’ propuesto por el presidente municipal Armando Cabada.

Las organizaciones de Ciudadanos Vigilantes, de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción y la asociación civil Plan Estratégico de Juárez han emplazado al gobierno independiente a socializar el proyecto y a que responda a una serie de observaciones en las que existe un mar de dudas por su inviabilidad técnica y financiera, que no han sido resueltas desde hace un año.

El tema ya está agendado en el Congreso, y dicen que el solo hecho de haber pretendido violentar la ley, y de hacer uso y manejo de algunos recursos en el registro de empresas participantes en el proyecto sin sustento legal por parte del gobierno, será suficiente para que el alcalde pague los errores de su administración.

Se habla extraoficialmente de un monto superior a medio millón de pesos, de dinero que se ha manejado a la sombra del ‘Juárez Iluminado’, suficiente para una sanción, según comenta gente allegada al Plan Estratégico de Ciudad Juárez.

Recientemente el periódico NorteDigital.MX, dio a conocer que el Congreso de Chihuahua instruirá una revisión especial al proyecto más importante del gobierno independiente, toda vez que el alcalde Armando Cabada no ha atendido los recientes exhortos que se le hicieron para que se les rinda cuentas del proyecto de alumbrado.

La diputada panista en el Congreso, Maribel Hernández, que es quien lleva la voz cantante en la ofensiva legislativa, interpuso hace una semana, el pasado 5 de abril, un recurso ante la Comisión de Fiscalización del Congreso local para que, por su conducto, la Auditoría Superior del Poder Legislativo lleve a cabo la revisión solicitada.

La diputada comentó que, aunque el presidente continúa adelante con la licitación del proyecto, cada vez es más evidente que se está tomando atribuciones que son de competencia exclusiva del Congreso del Estado de Chihuahua, y no del Ayuntamiento de Juárez.

En el ánimo de algunos de los diputados locales, existe la creencia de que Ciudad Juárez puede comprometer mas allá las finanzas municipales.

De acuerdo con el periódico Norte, la Secretaría de Hacienda federal tiene catalogado a Juárez como uno de los municipios del país con el mayor riesgo financiero, debido a que el 66.6 por ciento de sus ingresos se encuentran comprometidos.

El esquema financiero de Juárez Iluminado y del alcalde, demandará alrededor de cinco mil millones de pesos en 15 años, inviable en una ciudad que tiene grandes compromisos y su gobernabilidad no permite ni una deuda más. Así de fácil.

 

Aarón Yáñez, qué necesidad y que necedad. /

Entre más se mueve el síndico del gobierno municipal, Aarón Yáñez Limas, más se llena de mierda.

Varios de sus viejos amigos y padrinos en la política como Alfredo Aguirre Carrete y el propio Alfredo Urías Cantú se lo advirtieron desde hace tiempo: O la política o la fiesta. El síndico se pasó las recomendaciones y los consejos por el arco del triunfo.

Ayer la sindicatura estableció una tardía y débil defensa del titular de esa dependencia que de plano ya nadie se tragó. El golpe había sido asestado, pero, aun así, Aarón Yáñez quiso informar de los hechos ocurridos la madrugada de hace dos días.

Ahora resulta que no hubo atropello y que tampoco el síndico conducía bajo los influjos del alcohol. Solo un leve golpe con la parte trasera de su vehículo a una motocicleta que se encontraba casi abandonada y estacionada sobre la vía publica.

Entre los documentos emitidos ayer por la oficina de prensa de la sindicatura se destaca el reporte de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, donde se afirma que “no presenta datos clínicos de intoxicación etílica”. Es decir, que los datos del gobierno reportados inicialmente fueron más falsos que una moneda de 20.

Y bueno hasta un examen físico que presume una serie de lesiones del titular de la sindicatura, que habría sido agredido. El síndico dijo haber escuchado por Radio la instrucción de: “chínguenlo”, y finalmente eso hicieron, lo acabaron.

Y del dinero que tanta suspicacia ha levantado, porque no fueron dos, ni tres pesos, si no 200 mil pesos, oficialmente la sindicatura ha informado que el dinero había sido recogido por el síndico para la comprar de un bien familiar. ¿Inverosímil o no las respuestas del síndico?, allí están sus argumentos.

Todo fue especulación y mentiras, falsedades y obra del gobierno independiente de Armando Cabada Alvídrez. Bueno eso dice el síndico municipal.

 

Hugo Almada, lapidado. /

El investigador y catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Hugo Alonso Almada Mireles sigue siendo lapidado desde el gobierno estatal.

Está siendo objeto de una exhibida a través de la Secretaria Estatal de la Función Pública, y dicen que es para separarlo y dejarlo fuera de los proyectos de la UACJ una vez que asuma el nuevo sucesor de Ricardo Duarte, y que algunos ya ubican como gente ligada a los panistas en el poder político gubernamental, especialmente cercanos a la llamada ‘vicegobernadora’ Leticia Corral.

Hugo Almada participó junto con ella y con el representante del gobernador de Chihuahua, Ramon Galindo para llevar a Javier Corral al gobierno, pero dicen que ahora que el exfuncionario ha intentado defenderse en contra del gobernador Javier Corral, lo quieren fuera hasta de los proyectos universitarios. Y esa es la razón por la que públicamente siguen sacrificando al investigador de los problemas sociales en Ciudad Juárez.

Almada que fue invitado como subsecretario de Desarrollo Social resultó un fiasco como servidor público. No pudo ni siquiera con la organización de las audiencias públicas en los primeros meses de gobierno, e incluso fue acusado de favorecer proyectos financieros de organizaciones “amigas” y de otras ligadas a los proyectos sociales donde participan algunos integrantes de la familia.

Pero el escándalo no paró allí, ni tampoco Hugo Almada se detuvo para explicar lo que estaba sucediendo, hasta que los medios de comunicación sacaron a relucir quejas sobre actitudes y decisiones que perjudicaron a grupos sociales.

Por ejemplo, dejo fuera de su plan de trabajo el tema de las mujeres, tan sensible en la frontera y hasta se peleó con su amigo, también catedrático de la UACJ, el investigador y exdiputado federal, Víctor Quintana Silveyra, hermano del exRector Jorge Quintana.

Y luego le atribuyen ser el autor intelectual de una lista de periodistas que consideraban “peligrosos” para las dependencias del gobierno desde la subsecretaría de Desarrollo Social, que luego fue filtrada a los medios, y que le provocó una crisis al gobierno encabezado por Javier Corral en Ciudad Juárez.

El último ‘desencuentro’ entre Hugo y la gente del gobierno, provino de la intervención del doctor Sergio Aguayo Quezada, presidente del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, con sede en el centro del país, quién a través de la organización Propuesta Cívica, cuestionó a la Secretaría de la Función Pública y a su titular, Stefany Olmos Loya de no actuar bajo la legalidad.

La organización asumió la defensa de Hugo Almada en el caso específico de la denuncia presentada por Elvira Urrutia Castro, presuntamente ofendida por el investigador social y acusado de ejercer “violencia institucional, violencia laboral y violencia contra las mujeres”.

Y asegura que existen una serie de irregularidades y violaciones al proceso del expediente 23/2017 y que ponen en duda la imparcialidad con que se desarrolla el proceso que se le sigue en la Función Pública del gobierno de Chihuahua. Obvio que cuestionan el quehacer y el trabajo de Stefany Olmos.

Comentarios: mariohectorsilva@yahoo.com.mx

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