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TORRE FUERTE: DETENCIÓN DEL CÉSAR NO ES PRIORIDAD: PROCESO

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Detención del César, no es prioridad: Proceso./

La influyente revista Proceso le dedicó ayer portada y varias páginas al caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, donde pone en relieve la nula importancia y trascendencia que tiene para el país de la barra y las estrellas, el asunto del ex mandatario estatal y las acusaciones que se vierten en su contra por presunto peculado, a pesar de la famosa ‘ficha roja’ emitida por la Interpol.

En el reportaje denominado ‘César Duarte vive en Texas tan campante’, el periodista Luis Chaparro, da cuenta entre otras cosas del modus vivendi del ex mandatario de Chihuahua y la adquisición de tres viviendas donde se “refugia”, aunque el fondo del trabajo periodístico golpea el poco interés que tiene el gobierno norteamericano en los asuntos de colaboración para la detención del ex gobernador de Chihuahua.

Según las autoridades policiales locales en El Paso, no existen órdenes para estar buscando al ex gobernador de Chihuahua. Igualmente lo confirma el FBI, que asegura que no tiene una orden para perseguirlo. “Nuestro Buró no está involucrado en la persecución activa de César Duarte”, dijo uno de los agentes especiales de esa corporación.

La versión más atrevida del gobierno estadounidense corrió a cargo de Roger Maier, vocero de muchos años de experiencia en su trato con los medios de comunicación en la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza –CBP, por sus siglas inglés-, quien dijo que “si durante el ingreso al país los oficiales saben que un individuo está siendo buscado por alguna agencia, lo pondrán bajo custodia”. Pero por igual descarta que estén buscando a César Duarte.

El caso que ya trascendió la frontera, tiene paradójicamente en la reciente captura del exgobernador Tomás Yarrington en Italia, perseguido desde el 2012 por asuntos de narcotráfico y lavado de dinero, la cara de la otra moneda de la justicia internacional.

Yarrington tiene procesos abiertos y era buscado por México y por los Estados Unidos.

Ahora se sabe que la ficha roja emitida por la Interpol no equivale a una orden de arresto internacional. La persona debe ser considerada inocente hasta probar lo contrario, y esa es la premisa.

Chaparro también da cuenta pormenorizada de la ‘lluvia’ de amparos que siguieron en torno al caso de Duarte, donde apunta a la lista de los 51 nombres de ex funcionarios y empresarios que se vieron involucrados en presuntos actos de corrupción en la administración estatal 2010-2016, en donde se señala, entre otros al empresario Jaime Galván; Eloy Soto Payán; Leonel de la Rosa; Carlos Daniel Alonso; Rafael Servando Portillo; Raymundo Romero Maldonado; Liz Aguilera García y Gilberto Mendoza Baeza.

La edición de Proceso, también da cuenta de las presuntas irregularidades y corrupción que se generó en el sector salud, donde el ex titular, Pedro Genaro Hernández Flores fue artífice  de las maniobras que permitieron al ex mandatario “enriquecerse”, a través de la compra de medicinas y equipos médicos vía subrogación, sobreprecios y muchos otros servicios.

El tema de la corrupción en salud involucra también al empresario de Chihuahua Eduardo Almeida Navarro, considerado uno de los muchos beneficiados, que terminó afiliándose al PRI por invitación de Fermín Ordónez, ex colaborador de César Duarte. Almeida es sin embargo, también compadre de Javier Corral, quien es padrino de su hija.

Almeida es propietario de la empresa Prosalud que adquirió a la empresa Ymmarsa, involucrada en los señalamientos de corrupción, porque la consideró una oportunidad.

 

Mario Duarte también se ampara/

En la capital del país trascendió que Mario Duarte, el hermano del ex Gobernador César Duarte presentó una demanda de amparo en la Ciudad de México, ante el temor de que un juez de Control del estado de Chihuahua gire una orden de aprehensión en su contra.

El tocayo Mario Héctor Duarte, siente que le llega la lumbre donde quiera que pise, y decidió finalmente optar por un juicio de garantías en el Juzgado Quinto de Distrito en Amparo Penal en contra de cualquier acto privativo de su libertad, sea orden de captura o comparecencia.

Su demanda quedo registrada con el número 306/2017, y señala al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Benito Juárez, en Chihuahua, como la autoridad de la que podrían proceder los mandatos que ponen en riesgo su libertad.

Se trata del mismo Juzgado que hace unos días ordenó la aprehensión del exmandatario estatal por el delito de peculado, un mandato que ocasionó que el acusado se fuera a los Estados Unidos y que la Interpol emitiera una ficha roja para rastrearlo en más de 190 países.

En su amparo, Mario Duarte no solicitó la suspensión de un posible mandato de captura, al menos en forma inicial. El Juzgado fijó para el próximo 28 de abril la celebración de la audiencia constitucional, a partir de la cual estará en condiciones de emitir la sentencia de amparo.

Desde el mes pasado, la Fiscalía de Chihuahua ejerció acción penal contra varios servidores públicos de la gestión de César Duarte, incluido el propio ex Gobernador.

 

Juicio político vs presidente magistrado./

Después del zapatazo que le metió el magistrado y expanista Luis Villegas Montes al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Julio César Jiménez Castro, a quien acusa de ser el brazo operador del gobierno, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral está obligado a mover sus alfiles políticos y dar una respuesta en torno a la denuncia y presunción de juicio político que en contra del presidente del poder judicial.

Villegas quien trae buen agarre con el mandatario desde hace buen rato, solicitó al Congreso del Estado, iniciar un juicio político contra Julio César Jiménez Castro y tres diputados del PAN, que son miembros de la comisión primera de Gobernación, quienes el pasado mes de marzo  habrían avalado una revisión al trabajo de magistrados de Parral.

En la denuncia presentada el pasado fin de semana, Villegas pone en la cruz a los diputados azules, Guadalupe Portillo Hidalgo;  el pastor de la bancada paista, Miguel La Torre Sáenz y la legisladora juarense Laura Marín Franco.

Y bueno hay quienes consideran que la actuación del magistrado Villegas, más allá de la razón, atiende a un asunto muy personal y a una reyerta en contra de quien hoy gobierna Chihuahua, y a quien acusa de encabezar una “red de complicidades”, para atacar la división de poderes (Legislativo y Judicial) y someterlos al poder Ejecutivo.

Según el magistrado Villegas, Jiménez Castro y los diputados referidos, han ocasionado “perjuicio a los intereses públicos” porque atacan la división de poderes, usurpan funciones e incurren en “violaciones graves a la Constitución”, lo que trastorna el funcionamiento de las instituciones.

La famosa iniciativa a la reforma judicial presentada en noviembre pasado, que permitió cambios y la destitución del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) , Gabriel Sepúlveda Reyes y la posterior elección de Jiménez Castro, sigue provocando controversia y la oposición de algunos magistrados que no se atreven a sacar públicamente la cabeza.

 

Pa’bajo ex jefe de SUMA./

Quien tuvo un efímero paso por el Congreso del Estado, y todavía alcanzará a cobrar la última quincena como asesor del diputado verde, Alejandro Gloria -el viejo de María Ávila Serna-, fue el exdirector del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), Luis Enrique Cuevas López, quien está acusado de haber desviado más de 2 millones de pesos cuando estuvo al frente de ese organismo descentralizado.

Los enterados dicen que Alejandro Gloria únicamente recibió órdenes de su patrona, quien le recomendó desligarse ipso facto de Luis Enrique Cuevas López para evitar que la lumbre llegara hasta la oficina del diputado.

Y por esa razón, el exfuncionario de SUMA tuvo que recoger sus chivas y regresar a Ciudad Juárez, donde dicen, le han encomendado dar la cara.

“Me pidieron ahí que arreglara esa situación para poderme volver a contratar. (El diputado) Me pidió que me retirara del empleo para poder arreglar las cosas”, dijo lacónico el bisoño exfuncionario de la descentralizada.

El extitular de SUMA, tiene en su contra un proceso penal por los delitos de robo, abuso de confianza, administración fraudulenta y peculado.

Obvio que Cuevas lo niega y jura y perjura, como lo hizo Judas Iscariote, que las acusaciones en su contra no están fundamentadas y que obedecen a motivos meramente políticos.

Luis Enrique Cuevas se integró al equipo de Alejandro Gloria  desde  noviembre de 2016, dos meses después de que dejó de trabajar en SUMA al término de la administración municipal pasada que concluyó el abogado Javier González  Mocken.

En septiembre pasado, Cuevas López fue destituido de su cargo como titular de SUMA por un presunto desfalco que ascendía a más de 390 mil pesos y el pasado 2 de marzo, la administración de Armando Cabada interpuso una denuncia penal en contra del Cuevas López, por el desfalco a la descentralizada que asciende a 2 millones 18 mil 905 pesos.

Comentarios: mariohectorsilva@yahoo.com.mx

 

 

 

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