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TORRE FUERTE: CRISIS POLÍTICA SACUDE EL GOBIERNO DE JAVIER CORRAL

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Crisis política sacude el gobierno de Javier Corral./

La ‘sorpresiva’ destitución del hasta ayer consejero presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Rodolfo Leyva Martínez, acusó la desesperación y crisis política que sacude ya al gobierno de Javier Corral en los albores de la administración estatal.

A la crisis de la inseguridad en el estado de Chihuahua, donde se registran ya más de 800 asesinatos, súmele las broncas financieras, la herencia de la corrupción, la falta de obra y los problemas internos del gabinete, además de los estertores y los affaires que sacuden la estructura de la administración estatal. Y todo eso en menos de seis meses del gobierno en el ‘nuevo amanecer’.

El de ayer, fue un severo ‘manotazo’ del mandatario a la constitucionalidad y ley del Ichitaip, que tuvo un final infeliz entre el gobernador Javier Corral y Rodolfo Leyva, que acusó de corrupción al mandatario, de quien dijo, le dio un ‘golpe de Estado’ en el Instituto Chihuahuense de la Transparencia porque Leyva no se prestó al “caprichito” de la Secretaría de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos Loya quien había recomendado al gobernador a su esposo Ricardo Humberto Gándara como secretario ejecutivo de ese organismo descentralizado del gobierno estatal.

Sin embargo el depuesto titular del Ichitaip ya anunció que recurrirá a organismos internacionales para restablecer el orden porque “el instituto de transparencia está por encima del gobernador Javier Corral Jurado y de su secretaria Rocío Stefany Olmos, quien en acto de corrupción, insistió en que designarán a su marido como secretario”.

Leyva acusó a Javier de actuar de manera autoritaria emulando al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte.

La versión oficial fue inverosímil. César Jáuregui Robles salió a decir ayer por la noche que no hubo intromisión del Jefe del Ejecutivo Estatal, y que la destitución de Rodolfo Leyva Martínez obedeció exclusivamente a las “irregularidades” y quejas que se habían registrado en el entorno de esa institución.

Pero la realidad es distinta. El desencuentro de finales de enero, entre Rodolfo y Javier en la capital se documentó en los medios, y está relacionado a una confrontación que se derivó de una ‘petición’ y casi exigencia del gobernador para que el entonces consejero presidente de Ichitaip le diera espacio a Ricardo Humberto Gándara –esposo de la secretaria de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos– como titular de la Secretaría Ejecutiva de esa institución.

Según el entonces consejero presidente, Gándara sacó una baja calificación y fue considerado “incompetente” para ocupar el cargo, pero aun así, la decisión de Palacio era entregarle la Secretaría Ejecutiva lo que derivó en una sórdida pugna político que terminó ayer con la intervención de los consejeros que mediante una votación, echaron fuera a Leyva Martínez para removerlo del cargo y nombrar a Alejandro de la Rocha como el nuevo mandamás del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El incidente no terminará ahí. Rodolfo Leyva dijo anoche en entrevista con medios de comunicación que recurrirá a tribunales y organismos internacionales para defender su posición y acusar la intromisión del gobierno de Javier Corral.

De ser así, el nombre del gobernador estará en un segundo evento consecutivo en menos de 15 días, en boca de los vecinos, después de la denuncia que presentó hace unos días María Reneé Barquet en el Consulado de México en Denver, Colorado, en contra de la ex asesora de la diputada estatal, Maribel Hernández, a quien también denunció por una presunta relación sentimental entre el gobernador Javier Corral y la legisladora del Congreso de Chihuahua.

Y tras la embestida sufrida, ayer Rodolfo Leyva fue muy puntual: “Lamentablemente el gobernador Javier Corral ha propiciado un golpe de estado a la constitucionalidad, violando la ley”.

La propuesta de la destitución fue realizada por la consejera Amelia Martínez, quien señaló que existían una serie de irregularidades al frente del Instituto desde que inició la nueva presidencia, entre las que destacaba despidos y quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que demandaba que otro consejero ocupara el cargo. Esa fue la justificación y la coyuntura que permitió el presunto ‘golpe de estado’.

 

Los ‘privilegiados’ de la UACH./

No sale uno de asombro en torno a las presuntas irregularidades, plazas y millonarios pagos en la amplia nómina que tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua, que después del Rector Luis Alberto Fierro -que tiene un salario bruto de 148 mil 259 pesos con 54 centavos-, aparece el nombre de una mujer llamada Sonia Judith Gámez Piñón que tiene un mega salario de 111 mil 724 pesos con 14 centavos, pero que aparece en la columna de denominación del cargo como “pendiente”. Es decir, sin el nombre de la plaza u ocupación en la UACH  y con fecha de ingreso, asómbrese!, del 31 de diciembre, pero de 1899. Si y ese error se repite en otros nombres.

Pero además, en las últimas páginas de la nómina, aparece también un agrupamiento de cuando menos 18 personas que igualmente aparecen sin denominación de cargo percibiendo exactamente y cada uno de ellos la cantidad de 80 mil 188 pesos con 68 centavos, y ellos son: Fernando Sandoval Gutiérrez; Gabriel Acevedo Leyva; Reynaldo Domínguez Maro; Osvaldo Monge Fernández; Jorge Manuel Sandoval Aguilar; Edgar Alan Rascón Santana; Omar Akosima Flotte; Ana Karen Almanza ChávezOscar Ángel DomínguezVíctor Manuel Marrufo IbarraItzel Anchondo Hinojos; Tomás Alejandro Martínez Martínez; Rosa Icela Fierro Peinado; Imelda Ivonne Vázquez; Norberto Guerra Mendias; Amalia Eugenia Hernández; Alejandro Prieto Moran e Ivonne Alí Diaz Urquiza.

Pero hay más detalles de la famosa nómina de la UACH. Sobresale en el listado los apellidos Torres Medina, de la familia del ex rector Rodolfo Torres Medina, y con él, aparecen los nombres de Ramón Torres Medina; Rubén Torres Medina y José Luis Torres Medina con salarios y puestos tan diversos que siembran la duda en torno al verdadero cumplimiento y responsabilidad de trabajo ante la UACH, y no sólo de los integrantes de esa familia –porque existen otras-, sino de la eficacia y transparencia del alma mater.

La lista de los también llamados ‘intocables’ hace referencia a un grupo de políticos y periodistas que están incrustados en la nómina universitaria y donde algunos sí cumplen con la encomienda, entre quienes aparecen Jaime Beltrán del Río; Víctor Valencia de los Santos; Fernando Mendoza Ruiz; Marcelo González Tachiquín; Eduardo Turati Álvarez; Arturo Licón Baeza y Sergio Américo Lastra, únicamente para ejemplificar la pluralidad del rostro universitario.

En la lista de los privilegiados aparecen, Antonio Payán Gómez, que hasta hace unos cuantos meses era el mandamás de Radio Universidad; el viejo periodista Gabriel Acevedo Leyva –el llamado Gabo de Chihuahua-, y los jefes de comunicación social del ex gobernador José Reyes Baeza: José Luis Jáquez y Martin Antonio Zereño, el fiscal de la Legalidad en la administración de César Duarte. Todos ellos gente y protegidos del Foro de Periodistas de la ciudad de Chihuahua.

Pero también aparecen José Ramón Ortíz, Rodrigo Ramírez Tarango y Adrián Ventura Lares, todos ellos parte del grupo de poder asociado al ex consejero presidente del Instituto Chihuahuense de la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Manuel Aguirre Ochoa.

Y qué importa si son 37 mil, 48 mil o 72 mil pesos el monto de las percepciones de algunos de ellos. Lo importante –dirían algunos- es poder estar dentro de la poderosa nómina universitaria. Ya lo demás, es lo de menos.

 

En marcha el ‘negocio’ del Alumbrado./

El alcalde independiente de Juárez, Armando Cabada Alvídrez abrirá un proceso de participación a más de diez empresas interesadas en la licitación de los servicios de alumbrado público, pero anticipó durante una reunión con gente del Plan Estratégico de Juárez (PEJ), que preside Miguel Antonio Fernández, que se decidirá subrogar a una empresa la contratación de los servicios financieros por mil 300 millones de pesos, en un esquema muy parecido al Programa de Movilidad Urbana (PMU).

El esquema que permitiría la concesión de los servicios de alumbrado sería a 15 años y se pagaría por los ciudadanos a través del cobro del llamado Derecho de Alumbrado Público (DAP) que aparece en los consumos de energía eléctrica.

Es decir que se habrán de sustituir un total de108 mil luminarias del sistema de alumbrado público en la ciudad, pero aún existen dudas si serán subrogados los servicios de una empresa, o si se adquirirá –vía contratación- un millonario crédito, de una iniciativa que plantea todavía dudas y la sospecha de qué habrá negocio y el pago de favores a los participantes.

Ayer por la mañana el alcalde acudió a una reunión de “expertos” convocada por el Plan Estratégico de Ciudad Juárez, que se dice interesado en dar seguimiento puntual a las políticas públicas del gobierno municipal.

Allí el independiente Armando Cabada, expuso que el proyecto que promueve ahorraría 100 millones de pesos, con los que se pagarían los servicios concesionados o cubriría el pago del financiamiento y hasta un saldo favorable que permitiría que el Municipio obtuviera 12 millones de pesos adicionales al año para trabajos de pavimentación.

La propuesta es pues, la operación del sistema a través de una concesión del servicio o por medio de un proyecto de inversión público–privada a largo plazo, como está financiado el PMU.

Según trascendió, bajo ese esquema la empresa que opere el sistema va a cobrar alrededor de 20 millones de pesos mensuales y al Municipio todavía le sobrarían 1.5 millones de pesos en el mismo periodo.

Comentarios: mariohectorsilva@yahoo.com.mx

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