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Sistema de Justicia.

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Por Jaime GARCIA CHAVEZ./ 22/01/11/

Cuando la clase política medra de la parchología legislativa, lo que sucede en México, la desembocadura en el fracaso y la crisis de las instituciones del Estado llegan de manera instantánea. Necesitamos grandes y sustanciales reformas, principiando con la del Estado y si me apuran un poco, afirmo que la república se ha de refundar a partir de una nueva constitución. Es unánime la opinión entre los grandes investigadores sociales y políticos del mundo que la capacidad de reformar debe ir acompañada de la capacidad para crear grandes intereses públicos a favor de las innovaciones.
Para que haya buenas reformas deben haber reformadores capaces y convencidos. Afirmo esto a la luz de la crisis que se abate sobre el llamado nuevo sistema de justicia penal que se impulsó por el ex gobernador José Reyes Baeza y la primera legislatura que acompañó a su gobierno. Sin duda alguna dejar atrás al derecho penal autoritario en favor del modelo acusatorio fincado en el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, fue y es un propósito nada despreciable.
El problema radica en que se intentó una reforma en el papel y sin el aliento de reformadores acuciosos, capaces de crear intereses sociales a favor de los cambios. Algo así como comprar un frac para la boda de la hija mayor, y ponérselo con huaraches pata de gallo.
Con el gobierno de Patricio Martínez y la procuraduría de Jesús José Solís Silva, a todo mundo le quedó claro que había que cancelar la justicia made in Tehuacán. Y se emprendió una ruta diferente, solo que a partir de un gobierno dividido entre los amigos y con los enemigos en casa personificados por José Chávez Aragón y, sobre todo por Rodolfo Acosta Muñoz que llegó al cargo de presidente ni más ni menos que con el privilegio de una reforma legislativa hecha como traje a la medida para encumbrarlo y así pagar viejas complicidades. Ideas nobles y válidas; decisiones instrumentales en verdad bochornosas y lamentables.
Dicho sin falta de respeto para Lutero, estos presidentes se encargaron del templo de la justicia con el ánimo de socavar la reforma y no hubo gobernador que los hiciera desistir. Ni sombrero de Patricia González que los intimidara. Así las cosas, la reforma hizo agua y el emblemático caso Rubí y la posterior muerte de su madre Marisela, se convirtieron en el trágico y sangriento colofón que todo el mundo conoce.
II
Pero si así nos ha ido a nosotros por la responsabilidad de los que ejercen el poder, no es la experiencia general. Chile, la querida patria de Allende, cumplió en 2010 una década con un sistema de justicia penal como el que se puso en vigor en Chihuahua y del cual fue modelo. El contraste avasalla. En la república del cono sur el balance es positivo y alentador, sin dejar  de lado el empeño de su perfectibilidad.
Hoy en los medios de comunicación chilenos se debate con hondura y libertad acerca de estos diez años y la discusión, que tiene además la presencia cívica en su favor,  marca la distinción con lo que tenemos aquí. Y reseño sin abarcarlo todo: padecemos una prensa altamente partidaria a favor de las decisiones del poder y que por tanto no informa ni debate lo esencial,  abogados mudos  que se mueven en el ámbito de la mezquindad y, lo más grave, la inexistencia del poder judicial cuya muestra más palpable es la presidencia pelele de Javier Ramírez Benítez.
En Chile van por otro rumbo. De entrada se realizó una encuesta denominada “Crimen, justicia y castigo” a 700 personas, encomendada la tarea a dos prestigiosas cuan diferentes instituciones: la Universidad Católica y The London Schools Economics.
No pretendo resumir la encuesta, pero la misma va al corazón de la reforma misma que se intentó allá. Usted podrá juzgarlo por la formulación de esta pregunta: Asumiendo que los tribunales cometen errores, si pudiera elegir, ¿Qué sería peor, condenar a un inocente o dejar libre a un culpable? El 64% de los interrogados estimó más grave el error de dejar libre a un culpable, que condenar a un inocente. Este dato que tomo del periódico El Mercurio y que se discute en la calle es inquietante porque va por un camino distinto a la convicción social de lo que ha de ser el principio de presunción de inocencia, sin el cual no podemos hablar de estado de derecho.
Seguramente allá como aquí, el temor al gran daño social que produce la delincuencia, detone la percepción social de pagar un costo que vaya en demérito de un sistema garantista. Adviertan que tanto la encuesta como la prensa no dudan en plantear la realidad que emana del sondeo que da dos tercios de chilenos a favor de una tolerancia al error judicial que condena a inocentes.
Pero qué diferencia con lo tenemos nosotros, la prensa les recuerda a los chilenos que no se deben olvidar las consecuencias nefastas para una sociedad cuando se abandonan principios esenciales a la hora de perseguir los delitos. El periódico en mención defiende las garantías que aseguren a las personas el debido proceso, del que se extraiga una sentencia fundamentada en la que se declare, de  manera creíble, la inocencia o la culpabilidad. Además aclara que este principio jamás puede ser obviado y que condenar a un inocente ha de considerarse un gravísimo fracaso del nuevo sistema de justicia penal.
Cuando allá debaten los temores a la delincuencia, el error judicial y grandes temas,  aquí lo que tenemos es parchología, consigna, juicios facciosos a los jueces y concentración de todos los poderes en un solo hombre como ha quedado claro a los ojos de los chihuahuenses a través de la grotesca actividad de la fiscalía del gobernador Duarte.
III
También los temas, aparentemente menores, se examinan de mejor manera allá que aquí. Gusta que se aborde el cómo influyen en la vida personal los sistemas y la legislación penales. La Fundación Paz Ciudadana aborda el tema de la productividad de los jueces  y nos da cuenta de cómo durante los primeros años de la reforma los jueces chilenos resolvían el 91% de los expedientes recibidos, alcanzando en 2009 el 107% que refleja la atención a los rezagos que históricamente han sido un lastre en nuestros país.
Esto significa que se aminora el número de personas recluidas y que aún no están condenadas, pues en los inicios aquellas alcanzaban el 48% y diez años después  restaban 24%, esto es producto de que se privilegia el debido proceso y no como aquí que simplemente se clama por el castigo y la prisión vitalicia, pena degradante  auspiciada por el gobierno que ni siquiera sabe cuidar sus prisiones, como lo subraya la reciente evasión de reos.
Por último,  en Chile se escudriña la operatividad del sistema por el tipo de los delitos poniendo el acento en los que se perpetran contra la propiedad (robo) y en los que falta un imputado conocido, que allá alcanza el 83% de los casos que condujo al archivo provisional de la causa, llamando a las cosas por su nombre: o no se realizó la investigación, o no se recuperó lo robado o no se informó debidamente los resultados del procedimiento que deviene a la denuncia.
Aquí nadie sabe nada y nos guiamos por la percepción que nos brinda la nota roja.
IV
Vemos los modelos exitosos, pero no los asumimos. El poder no informa, los jueces están subyugados, los magistrados sesionan en la oscuridad y el Congreso está a merced de un solo hombre y se regodea en la parchología. ¿Así cuándo? El abismo nos espera, si no es que ya vamos en caída libre.

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