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SIN CAJONES: SARMIENTO

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Por Serrgio SARMIENTO./13 de Julio

El gobierno de la Ciudad de México ha pasado de una prohibición a otra. Si antes establecía mínimos a los cajones de estacionamiento, las de este 12 de julio decretan máximos. Las dos, como cualquier edicto autoritario que no considera las necesidades y condiciones del mercado, generan dañinas distorsiones.

El gobierno pudo haber hecho lo correcto y simplemente eliminar los mínimos para cajones de estacionamiento. Se suponía que estas normas, impuestas por políticos anteriores, apoyaban a los ciudadanos al obligar a las constructoras a proporcionar estacionamiento, pero el resultado fue elevar los precios de viviendas, oficinas y comercios. Lo peor es que obligaban a quienes no tenían vehículos a subsidiar a quienes sí los tenían. La propuesta de prohibir el cobro en estacionamientos de centros comerciales buscaba también a obligar a quienes no tienen auto a subsidiar a los que sí lo poseen.

En lugar de simplemente corregir una fallida política pública, el gobierno capitalino ha optado por impulsar otra igualmente absurda, aunque de sentido contrario, al prohibir que los edificios tengan “demasiados” estacionamientos.  La nueva norma ofrece una larga y burocrática lista de cuántos cajones puede tener cada vivienda o comercio. En la parte central de la ciudad, establece un máximo de tres cajones por vivienda unifamiliar o plurifamiliar. Si una familia es numerosa y varios miembros necesitan un vehículo para trabajar, qué lástima. Lo mismo ocurre cuando varias familias comparten una vivienda: tienen la misma cuota de tres, aunque podrán pagar un derecho adicional para que se les permita tener otro cajón. La medida será un durísimo golpe para las familias de clase media baja que tienen un auto porque lo necesitan. Una central de abastos podrá tener sólo un cajón por cada 100 metros cuadrados construidos, pero un mercado un máximo de uno por cada 200 metros. Una gasolinera tendrá un lugar por cada 150 metros de terreno (no de construcción), pero una tienda de abarrotes un cajón por cada 25 metros construidos. Una tienda de materiales eléctricos podrá tener un cajón por cada 50 metros construidos, pero un “taller automotriz” (sic, la norma se publica así, con esta falta de concordancia: sustantivo masculino y adjetivo femenino) tendrá uno por cada 80 metros. Un baño público o un salón de belleza podrán contar con un cajón por cada 40 metros, pero un consultorio uno por cada 30 metros. La lista sigue ad nauseam. ¡El sueño de un burócrata enloquecido! Independientemente de los límites, “podrá generarse la obligación de realizar una aportación al Fondo Publico de Movilidad y Seguridad Vial”. En otras palabras, el gobierno podrá cobrar un impuesto adicional para quien quiera construir un cajón de estacionamiento en su propiedad.

Los políticos dicen que esta nueva maraña de regulaciones hará que la gente deje de usar vehículos privados y recurra al transporte público. Pero no hay ninguna razón para pensarlo, como no ha ocurrido cuando los mismos políticos han llenado las calles de macetones o ciclovías.  La única estrategia que logrará que los capitalinos dejen sus autos sería mejorar la calidad del transporte público. Las medidas anunciadas generarán distorsiones y mercados negros, pero no convencerán a la gente de tomar un transporte que no lo lleva a su trabajo cuando lo necesita, ni lo hace con un mínimo de comodidad y dignidad.

Lula condenado

Fue uno de los presidentes más populares de Brasil. Era también el posible candidato con mayores posibilidades de éxito para la elección presidencial de 2018. Pero ayer Lula fue condenado a nueve años y medio de cárcel. Una empresa contratista le hizo una remodelación de 1.1 millones de dólares en un apartamento.

Twitter: @SergioSarmiento 

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