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SI ACEPTA LA EXTRADICIÓN, DUARTE ESTARÁ EN MÉXICO EN 10 DÍAS

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CIUDAD DE MÉXICO.- El plazo para que autoridades guatemaltecas entreguen al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, detenido el 15 de abril en Guatemala, podría ser inmediato o prolongarse hasta un año, dependiendo de la estrategia que decida la defensa legal del ex mandatario, difundió El Universal en su versión digital.

Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) explicó que el proceso de extradición puede presentar dos escenarios: uno donde el ex mandatario acepte la extradición, que podría durar hasta dos meses, y el otro donde decida no allanarse, en el cual se extendería de seis meses a un año.

“Hay dos escenarios: uno es el allanamiento, dos, que no se allane y continúe con el curso normal del proceso de extradición. En caso de que se llegara a allanar en ese momento, como lo establece el tratado, de manera inmediata deberá ser puesto ante las autoridades mexicanas, inmediatez que en todo momento cumpla con las condiciones de orden administrativo y legales que establece la legislación guatemalteca, podríamos estar hablando de alrededor de dos meses.

“En el curso normal, lo que se hace es que se presenta dentro de los 60 días, a partir de su arresto, la solicitud formal de extradición. Por la experiencia que se tiene en la Procuraduría y lo que se ha platicado con la Fiscalía General de Guatemala, calculamos que podría ser en un periodo de seis meses a un año por todos estos recursos que pudiera promover en defensa el reclamado”, detalló el subprocurador en entrevista con EL UNIVERSAL.

En el programa Despierta, el subprocurador afirmó que la PGR buscará recuperar todos los activos desviados durante la gestión del ex gobernador. “Ya tenemos a Javier Duarte y vamos por lo que se llevó”. Refirió que la PGR ha realizado aseguramientos en diversos estados y han solicitado asistencias jurídicas en países como Estados Unidos y España, donde se han identificado activos, cuentas e inmuebles del ex funcionario.

Aseguró que no es posible que el mandatario, señalado por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, evite su entrega a las autoridades mexicanas. “Lo veo como algo imposible que no sea extraditado Javier Duarte a México”, aclaró.

Duarte se encuentra detenido en la cárcel de Matamoros, una prisión ubicada al interior de un cuartel militar en la capital guatemalteca, donde permanecerá en tanto se lleva a cabo el proceso de extradición.

La PGR solicitó desde el 15 de abril la detención provisional con fines de extradición y se prepara para presentar la solicitud formal. “[La solicitud] se presenta por las vías diplomáticas a través de la Cancillería de México a la Cancillería de Guatemala; una vez ahí, la Cancillería se lo presenta a la Fiscalía General de la República de Guatemala, que a su vez lo envía ante el Quinto Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Una vez que esto se formaliza, se inicia la audiencia en la que se le informa [al inculpado] de todos los hechos que se le imputan y por lo que sería juzgado en México, en ese momento inicia su defensa y empieza un periodo de aportación de pruebas por parte de la Fiscalía de la República de Guatemala ante el juzgado”, explicó Elías Beltrán refiriéndose a la audiencia prevista para el próximo miércoles.

Aún no hay fecha para presentar la solicitud formal de extradición porque el equipo de la PGR está revisando todos los procedimientos para dar debido cumplimiento al tratado de extradición entre México y Guatemala.

Detalló que el proceso se prolongaría porque Duarte puede apelar las decisiones del Quinto Tribunal.

En entrevista con Loret de Mola, en el programa Despierta, el subprocurador aseguró que la carpeta de investigación es sólida y refirió que el delito de delincuencia organizada es sancionado con 20 a 40 años de cárcel y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita se penaliza con cinco a 15 años de prisión, según la agravante.

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