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REFORMA A LA LEY ORGANICA.

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Por Jaime GARCIA CHAVEZ./1 de junio./

Con fecha del día 26 de mayo del presente año el Lic. OSCAR CASTREJOS RIVAS,  Presidente del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Chihuahua, Asociación Civil, presentó ante el Congreso del Estado proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objeto de que las sesiones del Supremo Tribunal sean públicas dejando atrás la secrecía y privacidad con la que se han conducido  los magistrados chihuahuenses en el ejercicio de sus funciones. Por la importancia que reviste esta iniciativa me permito transcribir la exposición de motivos de la misma.

“Un país que se precie de resolver los problemas y necesidades que aquejan a su población bajo principios democráticos y el respeto absoluto de los derechos humanos pasa necesariamente por la construcción de un moderno Estado de Derecho. Para ello un principio ineludible es el que tiene que ver con la división de poderes que busca precisamente que ninguno prevalezca sobre los demás.

No obstante que este sistema de balance y contrapesos se viene aplicando hace algún tiempo, es hora que en nuestro país no se ha hecho plena realidad y lo mismo ocurre en cada una de las entidades federativas, toda vez que los poderes judiciales se ven afectados en el ejercicio de sus funciones en virtud de una considerable falta de autonomía e independencia. Más que nada por la tradicional injerencia de los titulares del Poder Ejecutivo, lo que se traduce, en la práctica, en la preeminencia del poder Ejecutivo, sobre los otros dos poderes, alejándose así del  Estado de Derecho que exigen los pueblos que buscan vivir una plena democracia.

En la actualidad la ciudadanía requiere y exige, de los poderes judiciales, se haga realidad la obligación de estos de informar periódicamente a la sociedad sobre las funciones, empleo de sus recursos y resultados de su actuación. Conocer el  impacto significativo sobre la vida de los ciudadanos, saber quiénes son y qué hacen los jueces y magistrados.

Estas exigencias brotan de la circunstancia que en los Estados modernos, la democracia no se considera tan solo como un derecho que se ejerce al momento de elección, sino como una forma de vida en la que la sociedad se ve involucrada en todas las actividades del poder público, lo que deviene en una legitimación de su ejercicio.

Solo de esta manera será posible lograr una sociedad más participativa en los asuntos públicos, que ejerza un mejor control social del quehacer de los órganos de gobierno, a la par de expandir y fomentar los mecanismos para esa participación debe procurarse maximizar las opciones mediante las cuales los individuos, se informan sobre lo que hace el gobierno. Mayor y mejor conocimiento de la actividad gubernamental estimularán el interés ciudadano en participar en asuntos públicos. Y qué mejor manera que la de hacer presencia directamente en el desarrollo de las actividades del Poder Judicial en las reuniones que llevan a cabo al ejercer su importante labor jurisdiccional.

Realmente el Poder Judicial en nuestro estado requiere de una reforma integral a la normatividad que regula sus actividades que lo fortalezca como un órgano realmente autónomo e independiente, que transparente todas sus acciones, que rinda cuentas, que no realice sus funciones en la opacidad, lo que debiera ser de un proceso de análisis y consenso entre los factores fácticos y gubernamentales de poder. Lo que es impostergable es algo muy sencillo: que las sesiones que celebre en el ejercicio de sus funciones sean públicas, como así lo tienen establecido en sus leyes orgánicas la inmensa mayoría de los poderes judiciales en el país (con excepción de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México y Guanajuato) y el más alto tribunal jurisdiccional: La Suprema Corte de Justicia que no tiene empacho alguno en transmitir en vivo sus sesiones.

Por todo ello, lo que aquí proponemos es una adición de un párrafo al artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua que establezca la obligatoriedad para que las sesiones del Supremo Tribunal en Pleno  sean públicas y solo por excepción y justificadamente se lleven a cabo sesiones con el carácter de privadas.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 68, fracción I de la Constitución Política del Estado, someto a la consideración de este Congreso,  el  siguiente proyecto de

DECRETO:

Artículo Primero.- Se adiciona un párrafo al artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para quedar en los términos siguientes:

ARTÍCULO 43. Integran el Pleno del Supremo Tribunal: el Presidente y los magistrados que estén al frente de las salas, ya fueren centrales o regionales.

Las sesiones del Tribunal en  Pleno podrán ser ordinarias o extraordinarias y, en ambos casos, serán públicas y excepcionalmente, previa justificación, privadas cuando así lo determinen la mayoría de los magistrados, además deberán publicarse en Enero el calendario de las sesiones ordinarias que se llevaran a cabo durante el año.

El Fiscal General del Estado podrá asistir a las sesiones plenarias y tendrá voz, pero no voto.”

Esta propuesta fue apoyada por treinta y seis destacados abogados de nuestra comunidad, así como siete ex Presidentes del Colegio de Abogados.

Es de esperarse que los diputados locales recojan este proyecto y sin mayor dilación presenten la iniciativa ante el Pleno del Congreso para su aprobación y de esa manera dar un paso adelante a fin de que una institución tan importante como lo es el Supremo Tribunal deje atrás la opacidad con la que viene ejerciendo sus actividades.

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