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HUYEN MADRES DE CAMPO ALGODONERO.

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CIUDAD JUAREZ.- Dos de las madres de las ocho víctimas del campo algodonero dejaron la ciudad tras sufrir amenazas de muerte que no fueron atendidas por las autoridades, e incluso a una de ellas se le concedió asilo político en Estados Unidos, dio a conocer Alfredo Limas, integrante de la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana.

Afirmó que de las disposiciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó en este caso, la justicia todavía no llega a las familias de estas mujeres, difundio el periodico El Diario en su edicion impresa y digital de este martes.

“Ha habido una larga lista de incumplimiento de las autoridades, ya tenemos un año de retraso y lo más importante se refiere a los avances de esclarecimiento de los casos, y eso ha sido lo más desa-tendido. Las autoridades no han puesto atención prioritaria para avanzar en las investigaciones”, aseguró.

Sostuvo que se sigue observando poca atención a las familias y muy mala calidad en el trato.

“Las hacen dar vueltas y los expedientes no tienen avances, y eso nos parece muy lamentable, que demuestra la escasa voluntad política de las autoridades por parte de justicia en estos feminicidios, como en muchos otros crímenes en la ciudad”, aseguró.

Dijo que tan no ha habido justicia en estos casos, que dos de las madres de las ocho muertas del campo algodonero tuvieron que abandonar la ciudad porque las empezaron a amenazar de muerte y a intimidar, y pese a que esto se dio a conocer a las autoridades, no se hizo nada, ni siquiera se levantaron los expedientes de las investigaciones.

Indicó que Benita Monárrez, madre de Laura Berenice Ramos Monárrez, se fue de la ciudad hace unos tres años por las amenazas, y hace dos años obtuvo asilo político en Estados Unidos.

“Una jueza texana indicó que no hay voluntad política de las autoridades para salvaguardar la integridad física de las familias”, señaló.

Agregó que Irma Monreal, mamá de Esmeralda Herrera, emigró de la ciudad hace casi un mes por la misma situación.

“Recibieron amenazas de muerte, muchas intimidaciones, intentos de secuestros, de levantones, seguirlas y no hubo la menor intención de ayudarlas”, aseguró.

Limas señaló que esta situación se denunció ante las autoridades y no se hizo nada. “Y lo grave es que ni siquiera tienen un registro en términos de una averiguación que inició”, mencionó.

Indicó que en el tema del memorial de las víctimas, que fue otra de las disposiciones de la Corte Interamericana, no ha habido acuerdos con las madres de familia.

Dijo que esta obra debió haber quedado terminada en diciembre del año pasado y durante su inauguración las autoridades deben pedir perdón por estos crímenes.

“Ni memorial ni acto y en el camino mucha discordancia”, mencionó.

Agregó que ahora las autoridades tienen prisa por cumplir con esta disposición.

Dijo que en este tema se registra mucha pérdida de tiempo porque no ha habido un seguimiento ejecutivo de estas acciones, al menos desde el año pasado, pues los niveles de gobierno cambian de funcionarios.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó en noviembre del 2009 que el Estado mexicano incurrió en responsabilidad internacional al no prevenir ni investigar de forma adecuada la muerte de tres de las ocho mujeres, cuyos cuerpos aparecieron en el campo algodonero en 2001.

El fallo del CIDH conmina en plazos perentorios de 6 meses a un año para reconducir el proceso de investigación interrumpido; sancionar a los responsables materiales e intelectuales de esos feminicidios y desarrollar mecanismos para abordar las indicaciones desde la perspectiva de género.

También se plantea la sanción a funcionarios responsables de realizar esas investigaciones que omitieron y fallaron en el proceso, así como a cejar en el hostigamiento que se tiene sobre familiares de otras mujeres víctimas de la violencia y que están pendientes en el proceso de la investigación.

Además de la construcción del memorial, y que el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con los hechos del campo algodonero, en honor a la memoria de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, evento en el que deberá mencionar las violaciones a los derechos humanos en que incurrió y que se declararon en la sentencia. (Araly Castanon)

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