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NARCOPOLÍTICA: NO VAN POR LOS EXGOBERNADORES POR LAS COMPLICIDADES Y EL CÁLCULO ELECTORAL

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CIUDAD DE MÉXICO.- Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex Gobernador de Tamaulipas, es visto como la prueba de que el narcotráfico ha ganado terreno en la política mexicana, en una alianza que impide que la justicia alcance a ex gobernadores hoy prófugos, plantearon especialistas en seguridad consultados por SinEmbargo.

Una cena en un restaurante de Florencia, Italia, parece haber delatado al ex Gobernador de Tamaulipas prófugo desde el 2012. La noche del domingo pasado una orden de captura por lavado de dinero y narcotráfico finalmente fue cumplida.

¿Por qué no lo detuvieron antes las autoridades mexicanas?

El contexto electoral ha pesado en la procuración de justicia y terminará por teñirla de colores partidistas rumbo a las votaciones presidenciales del 2018, aseguraron académicos.

“El Partido Revolucionario Institucional [PRI] sabe que desproteger a uno de éstos que andan huyendo se convierte en un triunfo para la oposición”, dijo Tomás Guevara , profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

De tal suerte que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto se concentrará, dijo, en aquellos prófugos que representen un logro y no permitan el ascenso en la popularidad de otros partidos políticos.

La penetración del narcotráfico en las instituciones juega un papel importante en la impunidad. Desde el 2004 la Procuraduría General de la República (PGR) admitió que Yarrington era investigado por dirigir una red de funcionarios y empresarios al servicio del Cártel del Golfo.

Esa misma red de impunidad podría haber cubierto las espaldas del ex Gobernador a lo largo de los años, conjeturaron los consultados. Después de que le sucedieran en el cargo Eugenio Hernández Flores, Egidio Torre Cantú y el panista Francisco García Cabeza de Vaca.

“Pesa el tema del narcotráfico para que las autoridades tengan voluntad. Pareciera que hay una red de cooperación y apoyos mutuos entre clase política y económica. Y al final lo que tenemos que empezar a reconocer es que en algunos estados hay una reinmersión del narcotráfico en el sistema político. Y eso hace más complicado tratar de buscar justicia y encontrar a gobernadores prófugos”, dijo Marco Arellano Toledo, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Otros gobernadores del PRI son prófugos en este momento y estas mismas redes han evitado su caída, acusaron los consultados.

Destacan Javier Duarte de Ochoa, prófugo desde octubre pasado; el ex Gobernador de Veracruz es acusado de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal; Eugenio Hernández, ex Gobernador de Tamaulipas, también acusado por lavado de dinero en Estados Unidos desde junio del 2015, y César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua, está prófugo desde este marzo, señalado por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos.

En el caso particular de Yarrington, Arellano apuntó que las redes de impunidad también operan a nivel internacional por la capacidad de corromper que tienen los negocios criminales.

“Habrá que rascarle más sobre por qué estaba en Italia, pero se sabe que ese país es uno de los más grandes con problemas de mafias y narcotráfico. No dudaría que podría haber encontrado una conexión para ocultarlo. Me parece que lo que hay que denunciar es justo este ecosistema viciado, en donde el narcotráfico ha invadido la vida pública”, dijo el profesor de la UNAM.

Esta complicidad también hace que haya pocas expectativas para que Yarrington hable ante las autoridades sobre las complicidades entre funcionarios y criminales.

En cambio, este temor sí es palpable en la caída de capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de este año.

“Todo el mundo está sacando la conclusión de que la captura del Fiscal de Nayarit [Edgar Veytia] es parte de los nombres que está soltando ‘El Chapo’. Él está negociando por su vida. Pues sabe que funcionarios tienen la nómina. Y yo creo que esas es una cuestión que debe de estar preocupando a los políticos”, dijo Guevara.

 

PROMESAS DE CÁRCEL

En los pasados comicios de junio el Partido Acción Nacional (PAN) prometió la cárcel para los salientes gobernadores priistas en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

Un discurso que ha buscado ganar votos, pero sin que alguien pise la cárcel. Con excepción del ex Gobernador panista de Sonora Guillermo Padrés Elías, acusado por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Me da la impresión de que uno de los temas que se pretende explotar más, y que va a dominar el proceso electoral va ser el problema de la corrupción y el de la falta de justicia. La impunidad es un problema mucho más serio que la propia corrupción. Y quien lo ha asumido, particularmente, ha sido el PAN”, dijo Guevara.

La estrategia electoral ha fortalecido al PAN en aquellos lugares donde antes su presencia se debilitaba, detalló el profesor.

No obstante, el discurso ha apoyado a candidatos que ven en la Fiscalía estatal una posibilidad de ajuste de cuentas, en vez de una procuración de justicia, consideró.

“Uno podrá ver que no hay un programa de trabajo. Sino que más bien es de venganza. Retoma el sentir de que no hay justicia, de que no hay justicia respecto a los corruptos. Y el PAN se instala en el proyecto de ser el justiciero que va a arremeter contra estos malos gobernantes. El problema es que éstos están coludidos con el Gobierno central y el PRI”, dijo Guevara.

 

¿ENVIADO A ESTADOS UNIDOS?

Gabriel Regino, titular de Regino Abogados, enfatizó que es más probable que el ex Gobernador sea enviado a los Estados Unidos antes que a México para afrontar cargos los cuales arrastra desde diciembre del 2013.

“Hay que tomar en consideración que Tomás Yarrington está enfrentando al menos en este momento tres procedimientos [en Estados Unidos, México e Italia]. En la Corte de Distrito en el sur de Texas, en Brownsville, por cargos graves, entre ellos integrar y dirigir una empresa criminal”, explicó Regino.

Una acusación aún más grave que la del mero tráfico de drogas, porque incluye lavado de dinero y sobornos.

La Procuraduría General de la República (PGR) no abriría una orden de aprehensión en contra del Gobernador de Tamaulipas entre 1999 y el 2005 hasta en febrero del 2014.

Yarrington deberá atender cargos en su contra por fomento a actividades de narcotráfico en un Juzgado Federal en Tamaulipas.

El ex funcionario del PRI podría quedarse un mínimo de tres meses en Europa, si las autoridades italianas logran atribuirle algún delito en su territorio.

“Una vez concluidos estos procedimientos se va a decidir a qué Estado se lo entrega. ¿Cuál es la manera en la que se va a resolver? El propio tratado dice que se lo va a entregar a quien primero se lo hayan pedido. En donde tengan el mayor número de cargos, los más graves, según las circunstancia del caso. Es evidente que se los van a entregar a Estados Unidos de América”, dijo Regino. (SinEmbargo.Mx)

 

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