POLITIKKÓN, MARTES 14 FEB.

Por  Mario Héctor Silva./

Los socios de O’Rourke./

Justo a escasas semanas de que los demócratas del Distrito 16, en su mayor parte avecinados con esta frontera mexicana, elijan a su candidato al Congreso de los Estados Unidos, ha trascendido el verdadero interés que tiene el regidor de El Paso, Beto O’Rourke, que pretende apoderarse de la candidatura que ostenta el congresista de origen hispano Silvestre Reyes.

Y es que coincidentemente, en la lista de patrocinadores de la campaña de O’Rourke, aparece un grupo de personajes de prominente capital económico ligados a Ciudad Juárez, que desde hace tiempo han puesto su mirada sobre la ‘mina de oro’ que representa el potencial del desarrollo industrial y comercial a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos.

Hablar de William ‘Bill’ Sanders, el más fuerte y cercano apoyador financiero de O’Rourke, describe a la perfección el verdadero interés que se esconde en la búsqueda de la candidatura al Congreso norteamericano. Es decir, Sanders, un paseño propietario de bienes y raíces en los Estado Unidos, pero cuyo movimiento realmente lo concentra en Houston, Texas, tiene su mirada puesta en la promoción de amplios y ambiciosos corredores industriales que lograría con el apoyo de políticos afines.

Y ese el verdadero interés de patrocinar y cobijar la campaña de Beto O’Rourke: la promoción de ciudades gemelas, la adquisición de terrenos a bajo costo y la exigencia de que sus amigos incondicionales en la política hagan lo propio para llevar la infraestructura: luz eléctrica, agua, drenaje y otros servicios, y así darle la verdadera plusvalía a las naves industriales que pueden ser comercializadas a precio de oro.

Por eso mister Sanders mueve su capital humano y financiero desde Houston para promover la creación de un Súper Corredor Industrial a lo largo de la frontera, desde Tijuana, hasta Nogales, Arizona y Santa Teresa, Nuevo Mexico.

Del lado mexicano, un conocido y viejo socio de Bill Sanders es el empresario Eloy Vallina Laguera, patrocinador del fallido candidato al gobierno de Chihuahua, Héctor ‘Teto’ Murguía, y por cierto de quien se recuerda que ni siquiera el predial pagó a sus propiedades cercanas a la frontera. El señor Vallina se amparó para no pagar 4 millones de pesos.

Otro de los socios de O’Rourke, Sanders y compañía es Miguel Fernández, hijo de Miguel Fernández Iturriza, presidente y propietario de lo que hasta hace unos años fuera el grupo Argos, pero dueño de una cadena de negocios de bienes y servicios inmobiliarios.

Como resultado, Fernández, presidente ejecutivo de Transtelco, la empresa que durante todos estos años se ha dedicado a la compra de fibra óptica para competirle en las telecomunicaciones al magnate Carlos Slim, al menos en esta región del norte de México, le ha metido todo el acelerador para ir en la línea de los inversionistas y capitalistas que van con O’Rourke, sabedores que de llegar al Congreso, Beto les devolverá por mil, los apoyos financieros a su campaña política.

Ya en el pasado, Fernández y Transtelco intentaron pasar sin éxito por el rancho propiedad del ex gobernador de Chihuahua, y ahora candidato al Senado de la República, Patricio Martínez García. Y a pesar de que mediaba una orden de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de esa que en México conocemos como de a ‘huevo’, Patricio decidió ampararse para evitar que la fibra óptica y el negocio de los Fernández lo tomaran de barco. Al final el ex mandatario logró ganar el amparo.

La estrategia de negocios al amparo del poder político con O’Rourke es más que evidente: Miguel Fernández avanzaría mediante la proveeduría de servicios de alta tecnología con Bill Sanders, el distinguido miembro del Club de los millonarios, no solo de El Paso, sino de todo el estado de la estrella solitaria.

En marzo pues, la definición, si los paseños, en su mayoría hispanos, le apuestan a los negocios de los intereses capitalistas del grupo de anglosajones que encabeza Beto O’Rourke o se la juegan con la estructura de organización social y política de Silvestre Reyes, que pese a la critica lapidaria de sus detractores, ha logrado lo que ningún otro representante de Texas durante los últimos años en Washington.

Osvaldo con Leyzaola./

No fue un pacto de sangre, pero si un interés más allá de lo periodístico, incluso de la solidaridad humana y de protección a los trabajadores de su propio medio de comunicación, vinculan al propietario y director general de El Diario, Osvaldo Rodríguez Borunda y al Secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola.

Apenas un día posterior a la golpiza que recibió su empleado, el reportero gráfico, Cristian Torres, el dueño del laureado periódico de la frontera norte de Chihuahua, fue categórico con su instrucción: minimizar la madriza que los policías de Leyzaola le pusieron a su fotógrafo y agotar el tema, en el entendido de que los policías confundieron por su cabellera larga (de Cristian), al fotógrafo como uno de los activistas en la manifestación de la agitada noche del 1º de noviembre de 2011.

Para el colmo de todos los males, Osvaldo Rodríguez ordenó horas después que todos los trabajadores que trajeran el pelo largo se lo cortaran. Había decidido jugársela, apoyando en todo al jefe policiaco, Julián Leyzaola.

Ése y no otro, es el último de los antecedentes del pacto político entre el propietario del más influyente periódico del norte del estado de Chihuahua y el jefe de la policía que fue traído desde Tijuana para que se ocupara de limpiar eventualmente la plaza, pasando por encima de los derechos humanos de trabajadores de los medios de comunicación y de la sociedad misma.

Hoy por cierto, las autoridades de los tres niveles de gobierno sostendrán una reunión con los propietarios de medios de comunicación y representantes de agrupaciones periodísticas para revisar el caso de las múltiples injusticias de las cuales han sido objeto, con la complacencia de algunos de sus directivos, los periodistas.

Y salvo que se anuncie la renuncia del teniente coronel, Julián Leyzaola Pérez y el perdón de viva voz de quienes han condenado y amenazado a los periodistas como es el caso del mismísimo presidente municipal, Héctor Murguía Lardizábal, no pasará absolutamente nada. Los periodistas se convertirán en comparsa de una serie de acuerdos político-burocráticos que pretenden la ‘protección’ de los trabajadores del gremio. Y hasta allí.

Penoso, verdaderamente triste lo que está sucediendo en El Diario, donde su propietario, cual Dictador, mantiene aplastando las cabezas de los periodistas que forman parte de agrupaciones gremiales.

Un puñado de periodistas que han sido objeto de las agresiones directas de los policías y de las órdenes del Súper Secretario de Seguridad Pública, reclaman un castigo ejemplar. Lo demás son puros rounds de sombra que no asustan a nadie.

Manzanera y García Portillo./

Dos de los operadores políticos más cercanos a la flamante candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, el ex dirigente estatal de ese partido en Chihuahua, Jorge Manzanera y Arturo García Portillo, ex secretario del CEN del PAN y ex colaborador del finado alcalde Francisco Villarreal Torres, fueron chamuscados en una revelación hecha pública por el periodista y director de Proceso, Julio Scherer García.

El caso de la empresa de Hildebrando Zavala, propiedad del hermano de la esposa del Presidente de México, Felipe Calderón sacó a relucir la operación y el costo de un reporte relacionado con la campaña política de 2006 (captura de datos) que fue facturado y cobrado por instrucciones de Manzanera Quintana y bajo la autorización de García Portillo, éste último hoy uno de los nominados a una candidatura plurinominal al Senado de la República.

Para no hacer más tenebrosa la historia de intrigas, el ex presidente del PAN, Manuel Espino Barrientos, el mismo que promovió políticamente a García Portillo al Distrito Federal, al extremo de convertirlo en Secretario General, se encargó de confirmarle los datos y la información que puso en aprietos a los chihuahuenses.

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