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LA COLUMNA, LUNES 20 DE JUNIO.

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Por Mario Héctor Silva./

El Expediente 015./

Tras declararse incompetente la Procuraduría General de la República (PGR), esta acaba de turnar a la Fiscalía Especial de Atención contra Delitos de la Libertad de Expresión, el expediente 015 que contiene la denuncia y las agravantes en contra, no sólo del Presidente Municipal, Héctor Murguía, sino en contra de algunos integrantes del H. Ayuntamiento de Juárez.

Se trata del caso de la denuncia interpuesta por el periodista, Ismael Alvídrez Mejía, a quien el alcalde Murguía le tundió duro en la sesión de Cabildo del mes de febrero de este mismo año, cuyo caso, según nos cuentan, fue convalidado por algunos regidores y por el mismísimo secretario del Ayuntamiento, Héctor Arcelus Pérez.

En dicha averiguación, ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho lo propio, por lo que solamente resta terminar de integrar la averiguación a la PGR, vía Fiscalía, para que se conozca la resolución del caso, de una demanda millonaria a favor del periodista de la radio…

Los que han seguido de cerca este caso, dicen que Alvídrez tiene todos los ases en la manga para ganarle por la vía legal a Teto Murguía.

Por lo pronto, además de las agravantes en aquella polémica sesión de Cabildo, donde el ingeniero Murguía perdió los estribos, acusando y señalando al periodista radiofónico en medio de plena sesión del Ayuntamiento, la PGR ha empezado a requerir al comunicador a efecto de que en breve se dictaminen algunas medidas de apremio para salvaguardar la seguridad de Alvídrez Mejía.

El polémico caso.

Esta semana ha iniciado el juicio oral que involucra a presuntos asesinos que entonces fueron señalados con bombo y platillo por la ex procuradora, Patricia González Rodríguez y por las autoridades militares a cargo del General, Felipe de Jesús Espitia, en un polémico caso –que al igual que muchos otros-, tiene suficientes deficiencias en la integración de las averiguaciones, y que podría concederles la libertad a los inculpados en los crímenes de los jóvenes en Villas de Salvárcar.

Por ahora ha empezado el proceso de juicio contra cuatro de los cinco inculpados en los delitos de homicidio en el multicitado caso de los asesinatos ocurridos el 31 de enero de 2010, que sacudieron al mundo.

Los acusados son José Dolores Arroyo Chavarría, el ex policía municipal Aldo Flavio Hernández Lozano, Juan Alfredo Soto Arias apodado ‘El Arnold’ y Heriberto Martínez, algunos de los cuales incluso, han recibido el apoyo de las organizaciones civiles que están en contra de los atropellos del Ejército Mexicano y de las policías federales.

Fueron torturados, documentó CNDH.

El pasado 11 de agosto de 2010, en este mismo espacio de periodismo digital, documentamos las declaraciones vertidas por las agrupaciones que aseguraron que dos de los tres implicados presentados por el Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH) como presuntos responsables en los homicidios cometidos en la masacre de  Villas de Salvárcar, fueron torturados por el Ejército y las policías.

El controversial caso que cimbró a la comunidad internacional por el múltiple homicidio de los estudiantes y deportistas juarenses, terminó siendo dictaminado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los diagnósticos periciales, psicológicos y médicos en poder de la CNDH, dijimos en agosto pasado, apuntaban a la existencia de evidentes torturas.

Las mismas serán presentadas como pruebas en su defensa, dijo entonces la secretaria ejecutiva de la organización no gubernamental y defensora de las mujeres de Ciudad Juárez, Mesa de Mujeres, Cecilia Espinoza.

El caso de las “torturas” practicadas en contra de los implicados: Israel Arzate y José Dolores Arroyo, también fue documentado ante la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México.

Se podría decir que ante este caso tan importante y relevante a la vista de miles de personas en el mundo, la exprocuradora y el general, están completamente acorralados.

Y como no habrían estado las irregularidades, que la mismísima señora Patria Dávila –la misma mujer que le reclamó y gritó al Presidente Felipe Calderón en el Cibeles, tras la muerte de sus dos hijos (Marco y José Luis)-, también comentó que un ex elemento de la policía, acusado y presentado, es inocente.

El grupo de madres de familia, encabezado por Patricia Dávila, dijo que en Villas de Salvarcar tienen muy claro que los detenidos como presuntos responsables de los asesinatos son solamente “chivos expiatorios”, pero no los verdaderos culpables.

Ejercicio de la política.

La presidenta de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Nora Elena Yú sabe hacer política.

No pasa un solo día, sin que su equipo de trabajo, además de cumplir con los encargos para sacar adelante la chamba en la dependencia, se dedique horas extras a planear para aderezar los objetivos del futuro inmediato.

La presidenta de la Junta de Agua tiene como base de operación a uno de los equipos políticos más contundente de los últimos años, que es la envidia de otros grupos políticos de la localidad y que seguramente servirá para objetivos venideros.

Sin duda que si no pierde piso o comete algún error garrafal, la chinita tiene metido un pie en las elecciones de 2012 y 2013, independientemente de quienes sean los elegidos. Pues ese tipo de trabajo, dicen, lo saben apreciar los verdaderos políticos.

Ese mismo trabajo, pero en otros niveles y guardando las comparaciones, es el que se observa con los trabajos que desarrolla la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago I). En su calidad de coordinador de la Comisión, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, informó que el operativo Conago I se mantendrá de forma permanente a favor de los ciudadanos.

Este se enfocará en siete delitos de alto impacto: homicidio doloso, extorsión, robo de vehículos, de casa habitación y en la vía pública, así como el secuestro y la trata de personas.

Los puntos y el capital político en la capital del país, los siguen sumando el perredista Marcelo Ebrard y el priista César Duarte, ambos polacos en la simpatía del Presidente de México, Felipe Calderón.

Ya Duarte, para darle mayor formalidad y seguimiento del caso, comentó que cada 15 días se darán a conocer los resultados obtenidos y se creará la oficina de coordinación operativa, que estará encargada de concentrar una base de datos. Sin duda que el gobernador sabe hacer política.

Comentarios: elpolitikon@gmail.com

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