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LA CABEZA EN JUEGO.

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Por Mario Héctor Silva./

El tobogán de la justicia, conduce inexorablemente y a paso agigantados, a una urgente exigencia de justicia social, donde irremediablemente, tendrán que caer y ser exhibidos, quiérase o no, no solamente jueces, sino también altos políticos en un escenario jamás visto en la historia política del país.

Con el antecedente de que Chihuahua siempre ha sido vanguardia de luchas y crisol de diversas disputas donde se han dirimido diferencias ideológicas y sociales, el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez ya no tiene otra salida, que llamar a juicio político y penal a los otros responsables de la impunidad.

Suficientes elementos de criba están hoy golpeando a la sociedad, desde la violencia común y crímenes de alto impacto, hasta multicitados casos de secuestro y amenazas en todos los órdenes sociales, amén del crecimiento y fuerza de los grupos de la delincuencia organizada.

Sin embargo, la población exige y grita justicia, y en ese contexto, la única puerta de salida que tiene ahora el mandatario, es abrir un proceso penal en contra de los investigadores (Ministerios) hasta llegar a la propia Procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, que hicieron evidentemente mal su trabajo en el caso del asesinato de Rubí (la hija de Marisela). 

Al margen de lo que arroje una profunda investigación, es increíble que ahora los jueces, –los mismos que efectivamente siempre han sido vistos como una casta de privilegio y que gozan de inmunidad-, hayan revelado a destiempo, que jamás contaron con una confesión de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, la misma que –literalmente- vomitó en su ejercicio de gobierno estatal, no solamente el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, como la propia ex Procuradora de Justicia, Patricia González Rodríguez.

Para la población en general el desconcierto es total. Hay incredulidad y desanimo, y piden que cuando menos la justicia arrastre a juicio, así tenga que ser, a altos ex funcionarios y políticos vinculados a la delincuencia. 

El juicio.

La secretaria general de gobierno, Graciela Ortíz González, dijo que el aparato estatal no ha descartado impulsar una denuncia contra ex funcionarios y servidores que actuaron irregularmente en el caso de Rubí Marisol Frayre Escobedo.

‘Chela’ habló de una revisión integral en la actuación de los jueces, ministerios públicos y de policías municipales, pero la funcionara estatal lamentablemente no dijo nada, absolutamente nada de funcionarios corresponsables que en su momento impartían con sus decisiones ‘poder’ y ‘justicia’.

Saludable será que el gobernador de Chihuahua, César Duarte se faje, y se sacuda la sombra de impunidad que aún permanece en los rincones de Palacio.

Los tres jueces que ahora han sido sacudidos por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y están a merced de los diputados locales, podrían efectivamente resultar culpables, porque es demasiado sospechoso que durante semanas y meses se cacareara la presunta confesión de Sergio Rafael Barraza Bocanegra –incluso comentado en más de una ocasión por la activista Marisela Escobedo-, y ahora, así como por la nada, haya desaparecido la presunta prueba confesional del incriminado y prófugo de la justicia.

Ya desde entonces los jueces fueron acusados y entonces ninguno de los aludidos, dijo absolutamente nada en medio de una sospechosa complicidad con quien entonces ejercía el poder ejecutivo o bien el poder judicial.

El gobernador de Chihuahua, César Duarte no tiene escapatoria, o es su cabeza, o es la cabeza de su antecesor, José Reyes Baeza. 

Las implicaciones políticas evidentemente son vastas, y amenazan con sacar a relieve otros intereses y otros actores muy vinculados a los juicios y a los jueces. ¿Lo cree estimado lector?

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