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JUICIO A CALDERON.

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Por Ciro/6 de Junio/

El genocidio es un delito latente que vive México. Ya suman cuarenta mil las victimas en menos de cinco años de la administración de Lipe Calderón Hinojosa quien podría ser enjuiciado por haber violentado la Constitución, y en el ámbito internacional por genocidio y delitos de lesa humanidad.

Los mexicanos a diario sufrimos la insistencia autoritaria de un presidente que prosigue con una estrategia fallida que  cobra a diario decenas de vidas en el país entre las cuales se encuentran presuntos delincuentes que deben ser juzgados e inocentes que llaman “victimas colaterales”.

En el uso anticonstitucional de algunas atribuciones que ejerce en esta guerra Calderón, se incurre en el abuso de autoridad, lo que establece la posible comisión de otros delitos como “el uso inconstitucional, cruel y despiadado” del ejército lo que ya atrae la mirada internacional hacia México.

La firma de nuestro gobierno en el llamado Estatuto de Roma obliga al Estado Mexicano a someterse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional lo que declara imprescriptibles los delitos de genocidio o de lesa humanidad.

En la guerra que vive México en contra del narcotráfico el gobierno no es parte de la solución sino del problema de ahí que exista ya un debate en cómo enjuiciar al presidente fundamentado en los resultados sangrientos de la fallida estrategia militarizada contra el crimen organizado.

A causa de contradicciones y vacíos legales en la Constitución de 1917 la figura presidencial se encuentra inmersa en un “manto de impunidad” por lo que desde agosto del 2010 la Cámara de Diputados cuenta con una agenda en la que se pretende elaborar y dar impulso a una reforma que permita juzgar penal y políticamente al jefe del ejecutivo federal.

¿Acaso no es importante contemplar este punto de acuerdo dentro de la Reforma Política que se propone? ¿Acaso tampoco es democrático juzgar a un gobernante?

Tanto las bancadas de la cámara baja del  PVEM, PT, PRD  y PRI se han pronunciado por reformar esta ley y logar una comisión que indague las más de cuarenta mil muertes registradas a raíz de que Calderón Hinojosa impusiera su guerra contra el crimen organizado.

El 16 de febrero del 2010 cuando ya escandalizaba la cifra de 17 mil muertos fue presentada por la diputada Carmen Izaguirre Franco una iniciativa para someter al presidente a la revocación de su cargo. Días después Omar Fayad Meneses aporto otra iniciativa más específica al respecto en la cual se plantea la revocación del mandato presidencial.

Si existiera esta figura jurídica la revocación de mandato a Calderón ¿ la apoyarían los mexicanos?  En la condición de inseguridad, desempleo, pobreza extrema, falta de oportunidades en todos los ámbitos legales ¿se daría la destitución? ¿Acaso la aprobación de estas reformas no alentarían la democracia?

A la fecha México no cuenta con procedimiento alguno que pudiera hacerse valer para desagraviar a la nación de la actuación grotesca de un presidente de la República, ni forma alguna de precaver para que estos sucesos no se repitan en lo futuro. Por ello es necesario que se incluyan normatividades legales para que se puedan fincar responsabilidades penales y políticas a los gobernantes y se abrogue de facto la impunidad de la figura presidencial.

La “obsesión por la victoria es un estado del alma  que favorece al oponente” lo marca Sun Tzu en el Arte de la Guerra y por ello Calderón esta perdiendo la suya en la que nos inmiscuyó a todos los mexicanos y a cuya nación la tiene en picada.

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