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JAVIER, ¡CUMPLE TU PALABRA!…

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Por CIRO./12 de Junio.

La imperiosa necesidad de hacer circular nuestras unidades que por disposiciones de las equivocas políticas publicas hacendarias federales nos dejo en un estado de indefensión al emitir un decreto mediante el cual las unidades modelo 2006 y anteriores quedaron erradicadas del programa de la legal importación, que generó por espacio de varios años el mantener este patrimonio a recaudo.

La incumplidas promesas del gobierno federal, diputados y senadores, de promover un programa que modificara las reglas federales para poder gozar de igualdad en la regularización de nuestros vehículos nos llevo a promover un programa de identificación  vehicular donde si bien es cierto, no hemos podido importar, aun hemos cumplido con lo indispensable como muestra del interés que el ciudadano tiene de ello.

Hoy el gobierno del Nuevo Amanecer indica que el motivo del decomiso de unidades sin matricular es con el fin de materia de seguridad ante la ola de criminalidad que tiñe de rojo a lo  largo y ancho al Estado de Chihuahua. Nos han criminalizado.

A raja tabla se nos equipara como delincuentes por el solo hecho de tener un vehículo sin importar. Flaco favor nos hace el gobierno de Chihuahua de hacernos aparecer como delincuentes por no contar con un automóvil  importado, cuando la realidad es que el gobierno federal nos niega este derecho.

La delincuencia no viaja en autos chocolate, utilizan unidades ultimo modelo con matrículas vigentes. Los delincuentes son otros no el trabajador honesto y padre de familia cuyo único recursos ahora solo le queda la identificación para poder trasladarse a su centro de trabajo y las madres de familia poder llevar a la escuela a sus hijos.

Javier Corral toma el atajo más corto cuando como gobernador debería estar promoviendo la igualdad de una regularización masiva de estas unidades ante las autoridades federales hacendarias. La equivocación del gobernador al afectar el patrimonio familiar de los que menos tenemos solo provoca una ola de inconformidades que puede generar en la protesta ciudadana ante el hierro de su decisión.

Los delincuentes son otros, a ellos es a quienes deben de enfrentar la autoridad y no al ciudadano marginado de las políticas públicas quien tiene años buscando la justicia de poder contar con un vehículo debidamente importado y quien quedó prácticamente excluido desde la administración de Felipe Calderón, al emitir un decreto que vulnero los derechos ciudadanos y del propio Tratado de Libre Comercio, en aras de beneficiar a los que más tienen.

El banco de datos que se tiene de cada uno de los tenedores de las unidades identificadas está a disposición de la autoridad estatal para que tenga pleno conocimiento de que entre ellos, no existen delincuentes, solo ciudadanos ávidos de la justicia social y la práctica del derecho de manera equitativa.

Justicia social y cese a una persecución oficial a ciudadanos honestos es todo lo que se solicita a quien ahora gobierna el Estado de Chihuahua, el cual con la disposición emitida pretende justificar hoy la incapacidad de su combate a la delincuencia, atentando al patrimonio familiar de los que menos tienen y faltando a su palabra.

Esta decisión unilateral provocara las movilizaciones sociales a lo largo y ancho del Estado de Chihuahua, se hará patente el rechazo a la equivoca política social del gobierno en turno quien ‘’olvidado’’ de sus ofertas de campaña, ahora en el poder, solo demuestra la mentira entre el prometer y el cumplir.

El desacierto de asegurar estas unidades que ya se encuentran en suelo chihuahuense y haber criminalizado a sus tenedores es causa de la falta de sensibilidad social que muestra el actual gobierno del Estado, en detrimento de miles de ciudadanos marginados cuya única responsabilidad es no tener la capacidad económica con la cual adquirir automóviles en agencias.

Hoy como manera de defensa aseguran que promover una regularización de los miles de vehículos que no han sido importados pondría en riesgo las participaciones federales que le corresponden. Ávidos de dinero anteponen su interés personal a la de los chihuahuenses que dieron su voto y a los cuales han traicionando y mentido pese a  la oferta de campaña que se utilizó en su momento.

De momento lo único que queda en este caso a los juarenses es la defensa de manera conjunta al ser vulnerados sus derechos por un gobierno insensible y falto de tacto social que demuestra la confabulación de unos cuantos para perjudicar a miles.

La delincuencia no se abate despojan de su patrimonio a los que menos tienen. No se justifica despojar a los chihuahuenses de su patrimonio para tapar la incapacidad que tiene el nuevo gobierno en el combate al crimen organizado. Lo único cierto es que por enésima ocasión a faltado a su palabra Javier.

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