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GASTO INSULTANTE.

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Por Javier CORRAL JURADO./31 de Mayo./

Gasto insultante que define con toda claridad el modelo político que se ofrece a todo el país, como promesa de renovación y que lo único que hace es reproducir, maquillado por la televisión, el sistema priísta de siempre.

Es de tal escándalo el operativo de acarreo, entrega de promocionales y despensas, colocación de propaganda (hasta en el metro de la ciudad de México tapizaron los vagones por dentro), que resulta probable que el PRI haya erogado en su primera semana de campaña la mitad del gasto autorizado por la ley y la autoridad electoral.

Son 203 millones de pesos el tope de la campaña a gobernador y no hay manera de que la contabilidad se preste a confusión; se realiza una sola campaña en el estado, para votar un solo cargo y para esa elección hay tres candidatos, aunque participen siete partidos.

El señalamiento de que la campaña del candidato del PRI esté siendo financiada de manera ilícita con dinero del gobierno de Enrique Peña Nieto no es especulación ni suposición, sino un dato con asidero en múltiples denuncias y hechos comprobables.

Existe además una denuncia penal en la PGR contra el gobernador presentada por los dirigentes del PAN, Gustavo Madero, y del PRD en aquel entonces, Jesús Ortega, por varios delitos, entre otros, el uso indebido de recursos públicos, acusación realizada con base en un largo video que documentó y exhibió el esquema de promoción del voto priísta a partir de la estructura estatal de gobierno, y la utilización de los programas oficiales de apoyo y “la entrega de las despensas”.

Precisamente por estos hechos y por el nefasto antecedente que el proceso mexiquense puede dejar en próximas contiendas, es necesario no sólo que la ciudadanía y las organizaciones sociales participen directamente en el monitoreo, seguimiento y fiscalización del gasto de los partidos en esta campaña, documentando la propaganda, bienes y servicios que se contratan, sino también urge que la autoridad electoral, en colaboración con distintas dependencias y organismos gubernamentales, ponga en práctica un mecanismo para dar puntual seguimiento al origen y destino de los recursos que los partidos manejan.

No sólo produciría una vigilancia efectiva sobre el cumplimiento exacto del tope de gastos de campaña, sino que cerraría en definitiva la puerta al otro financiamiento ilícito que también acecha a las campañas, proveniente del narcotráfico.

En el Edomex la posible infiltración del dinero del narco tampoco debe ser descartada, pues es una de las entidades con los mayores niveles de inseguridad e impunidad.

Ambas sólo pueden ser entendidas por una amplia red de complicidad oficial, por el deterioro y corrupción de las policías.

No es casual que en esta entidad hayan decidido refugiarse varios de los principales capos del narco a los que se ha aprehendido ahí, o desde ahí inició la persecución por parte de la Policía Federal.

Suscribir un acuerdo para transparentar el gasto de los candidatos a gobernador mandaría una enorme señal de confianza y credibilidad a los ciudadanos.

En la lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico, en el combate a la inseguridad y la violencia criminal que éstas han desatado en el país, la política tiene el deber irrenunciable de dar ejemplo y atajar la ilegalidad y la impunidad, con las consecuencias que de ello se deriven.

Sólo con actos comprobables de fiscalización y rendición de cuentas, con decisiones que demuestren congruencia entre el decir y el hacer para sancionar la corrupción política, se logrará recuperar prestigio a la política y credibilidad en las instituciones.

En medio de la pobreza que lacera aún a millones de mexicanos, el derroche, el dispendio de dinero también deben ser acotados y tener consecuencias reales en la calificación electoral.

Por ello, hoy el representante panista en el IEEM, Francisco Gárate, formalizará nuestra propuesta de una fiscalización exhaustiva y rigurosa de los recursos de la campaña.

Ya hemos planteado algunas ideas para que se construya el acuerdo, independientemente de si es la SHCP u otra instancia: inscripción ante el IEEM del padrón de proveedores de bienes y servicios de los partidos, y de las campañas; uso preferente de mecanismos bancarios en la adquisición de bienes y servicios, auditorías y verificación aleatorias, obligación de los candidatos de presentar declaraciones patrimoniales, así como de suscribir autorizaciones expresas para el acceso a sus cuentas bancarias, las de los dirigentes y en ambos casos hasta sus familiares hasta el cuarto grado; registro inmediato de personas políticamente expuestas, incluidos los equipos de campaña, así como tesoreros y responsables de finanzas en todos los niveles; obligación de los candidatos de presentar y hacer pública la declaración de posibles conflictos de intereses.

A una semana de iniciado el proceso electoral mexiquense, el derroche de recursos y la atiborrada presencia propagandística de la que hace gala el candidato del PRI describen de un solo plumazo la estrategia política que ha seguido el peñanietismo en su posicionamiento público: el uso inescrupuloso del dinero como vertebrador del sistema de canonjías, prebendas, coptaciones para el control político y mediático.

Hace mucho que no había visto el empleo de la gacetilla, de manera tan descarada, como en estos días de apertura de campaña.

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