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FANGO POLÍTICO, SAQUEO Y NARCO, DEJO DUARTE EN VERACRUZ

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CIUDAD DE MEXICO.- Elex priísta Javier Duarte de Ochoa en Veracruz no sólo incrementó la deuda pública a más del doble de la que recibió y causó un probable daño al patrimonio del estado por más de 35 mil millones de pesos en sus primeros cuatro años, el monto más alto detectado por las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El saldo de su administración es también una entidad en la que, entre diciembre de 2010 y septiembre de 2016, se contabilizaron al menos cuatro mil 685 asesinatos y que, entre otros récords criminales, se convirtió en la más peligrosa de México para ejercer el periodismo, con 17 comunicadores asesinados y tres desaparecidos en ese periodo, de acuerdo con la organización Artículo 19.

También, como ha mostrado el colectivo de familiares de personas desaparecidas que localizaron cientos de cuerpos enterrados en un terreno en la zona denominada Colinas de Santa Fe, en las afueras del puerto de Veracruz, se convirtió en sede de la que hasta ahora es la mayor fosa clandestina de México.

“El dinero poco importa”, escribió el sábado en su cuenta de la red social Twitter el sacerdote Alejandro Solalinde en alusión a las miles de desapariciones registradas en esa entidad.

“El dinero poco importa”, escribió el sábado en su cuenta de la red social Twitter el sacerdote Alejandro Solalinde en alusión a las miles de desapariciones registradas en esa entidad.

Acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Javier Duarte de Ochoa fue detenido por autoridades guatemaltecas el sábado 15 de abril en el municipio de Panajachel, en ese país fronterizo con México.

El ex priísta se encontraba prófugo desde el 13 de octubre, cuando un Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal de esta capital giró la orden de aprehensión solicitada en la causa penal 97/2017.

“Se tienen 75 indagatorias, 32 iniciadas con motivo de las querellas formuladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por la contratación con empresas fachada o inexistentes, así como 43 derivadas de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por los delitos de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades al desviar recursos, entre otros”, reportó la PGR.

“Se han asegurado dos inmuebles en las colonias Lomas de Chapultepec y Polanco, de la Ciudad de México, así como el rancho denominado Las Mesas, ubicado en el poblado del mismo nombre en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, el cual cuenta con una superficie de 92 hectáreas. También se aseguraron aproximadamente 630 hectáreas de superficie ubicadas en el Ejido de Lerma, estado de Campeche. Fueron aseguradas cinco empresas con diversas actividades económicas, entre ellas dos inmobiliarias. Se tienen 112 cuentas bancarias aseguradas a personas físicas y/o morales”, agregó el ministerio público federal.

Duarte de Ochoa es parte del grupo de ex gobernadores priístas que en mayo de 2012 fueron elogiados por el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto como ejemplo de la “nueva generación” del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Otros fueron el quintanarroense Roberto Borge Angulo, acusado de vender por debajo de su precio nueve mil 500 hectáreas de reservas del estado; y el chihuahuense César Duarte Jáquez, también prófugo, luego de que su sucesor en el Gobierno, Javier corral Jurado, lo acusara de desfalco y peculado.

 Los tres llegaron al poder en 2010, habrían apoyado la campaña del hoy Presidente de México y, de acuerdo con datos oficiales, concluyeron sus sexenios como los que más aumentaron las deudas públicas de sus entidades.

El Gobierno de Duarte de Ochoa en Veracruz se destacó, además del saqueo, por el aumento sin precedentes en los niveles de violencia, entre cuyas primeras expresiones se contó, en septiembre de 2011, el abandono de 35 cuerpos bajo un puente vial en el municipio de Boca del Río, en plena zona metropolitana del puerto de Veracruz.

El alza en los asesinatos quedó registrada incluso en las cifras oficiales [del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública], que muestran cómo el primer mes de Gobierno de Javier Duarte de Ochoa –diciembre de 2010– fue, con 66 casos, el más violento en la entidad en toda una década.

El siguiente año, 2011, cerró con 890 asesinatos, que representaron un 52 por ciento más que los 583 registrados en 2010, y la tendencia continuó en 2012, con 968 casos.

Fue sólo entre 2013 y 2014, este último en el que la cifra oficial fue de 487 delitos contra la vida, que se registró una disminución, y fue también cuando el ex mandatario Duarte de Ochoa afirmó que en Veracruz ya no se habla de balaceras ni de asesinatos ni de delincuencia organizada, sino “de que se robaron un Frutsi y unos Pingüinos en el Oxxo”.

En 2015, sin embargo, el indicador volvió a la alza y tan sólo en los primeros nueve meses de 2016, hasta antes de que solicitara licencia y se diera a la fuga, se contabilizaron 846 casos; un 45 por ciento más que el año en el que fue electo Gobernador.

Las organizaciones, por su parte, contabilizan miles de desapariciones y delitos en los que aparecen vinculadas las autoridades del estado, como el caso de los cinco jóvenes “levantados” por policías en la localidad de Tierra Blanca y en su camino a Playa Vicente.

“En Veracruz, una alianza entre grupos criminales y los más altos niveles del poder político local allanó el camino para una campaña de violencia desenfrenada mediante la captura de las instituciones locales judiciales y de seguridad, garantizando la impunidad de ambas partes”, concluyó este año una investigación de la organización internacional Crisis Group.

“El aparato estatal de Veracruz ha sido diseñado para crear, proteger y ocultar intereses criminales. Actualmente, sólo 681 casos de desapariciones en el estado son reconocidas por el Gobierno federal, mientras que dos mil 750 casos han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Las organizaciones de la sociedad civil estiman que el número real puede alcanzar hasta 20 mil, y dicen que no se ha resuelto ninguno”, agrega.

El informe identifica que estas interconexiones “políticas y criminales” se hicieron más “fluidas” durante el sexenio del ex Gobernador priísta Fidel Herrera, nombrado por Peña Nieto Cónsul en Barcelona en 2015 y para quien Duarte de Ochoa trabajó como Secretario de Finanzas y Planeación.

“Inicialmente, bajo el Gobernador Fidel Herrera Beltrán, quien ostentó el poder desde 2004 hasta 2010, cuando la influencia del cártel de Los Zetas iba en aumento, y posteriormente bajo su sucesor Duarte, Veracruz fue sede de interconexiones políticas y criminales cada vez más fluidas, acelerando su descenso hacia la inseguridad extrema”, dice la investigación titulada “Veracruz: reformar el Estado de Terror mexicano”.

También fue bajo el Gobierno de Herrera Beltrán, advierte la misma investigación, que esta entidad ubicada en el Golfo de México y antes utilizada como lugar de tránsito para grupos del crimen organizado, sufrió el giro que las actividades de estos dieron hacia otras con mayores efectos sobre la población.

“El giro hacia la actividad criminal con efectos mucho más dañinos sobre las poblaciones locales se ha atribuido al éxito electoral de Fidel Herrera, del PRI, en 2004. Según el relato de analistas locales y declaraciones de testigos en un juicio en Estados Unidos contra un individuo acusado de blanquear dinero y de forjar acuerdos entre Los Zetas y partes de la élite política de Veracruz, el precursor de Los Zetas, La Compañía, recibió carta blanca para establecerse en el estado a cambio de financiar campañas políticas locales. Herrera ha negado todas las acusaciones de irregularidades en su época de Gobernador”, dice el reporte.

Otra de las causas del aumento en la violencia en Veracruz, de acuerdo con Crisis Group, es la escisión en varios grupos criminales derivada del combate encabezado en la región por el Gobierno de Felipe Calderón el sexenio anterior.

“La consiguiente competencia por los mercados y territorios generó un pico en las tasas de homicidios y desapariciones forzadas denunciados de 2010 en adelante. El Gobierno estatal o bien buscó negar la magnitud del problema, o recurrió a explicaciones basadas en la percepción de competencia y lucha entre grupos criminales rivales, así como la afirmación de que las víctimas tenían que estar involucradas de algún modo en actividades ilícitas”, advierte la organización.

“Estas versiones oficiales de los eventos ocultaban tanto la complejidad de la violencia, en la que múltiples grupos de perpetradores actuaban de acuerdo con diversas lógicas, y la evidencia de que las víctimas de muchos asesinatos y desapariciones eran civiles inocentes”, agrega.

Además de esa violencia sin precedentes, observa la investigación, el Gobierno de Duarte mantuvo una intención “de ocultar o negar estos crímenes”. (SinEmbargo.MX

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