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EL PANCHO, EL TORO Y LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

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Por Jorge FERNÁNDEZ MENÉNDEZ./24 abril./

Los gobernadores del PAN han publicado un desplegado en el que demandan al Congreso que antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones apruebe la ley de seguridad interior. Es una buena decisión porque ese ordenamiento legal es clave para estructurar el sistema de seguridad en el país y darle, a su vez, certidumbre jurídica al accionar de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad interior.

Lo proponen los gobernadores, pero no lo acatan los legisladores. En el Congreso, esa ley continúa, a una semana de que concluya el periodo ordinario, congelada. El PRD en el Congreso, emulando en este caso a Morena, no la quiere aunque lo gobernadores emanados de ese partido, como Graco Ramírez en Morelos y Silvano Aureoles en Michoacán, así como Arturo Núñez en Tabasco, dependen en enorme medida para la seguridad de sus entidades, de las Fuerzas Armadas y lo reconocen, lo mismo que Miguel Mancera, aunque en la capital del país, no hay operación directa de fuerzas militares con ese objetivo. Los gobernadores del PAN lo demandan, pero muchos de sus legisladores quieren canjear esa ley por otras decisiones legislativas, sea la de mando policial o la Fiscalía Anticorrupción. Es un error oportunista. El principal impulsor en el Senado de la ley es el panista Roberto Gil Zuarth y si los gobernadores panistas la apoyan no tendría que haber razón alguna para que esa ley no fuera aprobada, aunque Morena y el PRD no la respalden.

Hace algunas semanas, en unas declaraciones por lo menos confusas, el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca dijo que no renovaría el convenio con el Ejército para la seguridad interna en el estado y que apostaría a crear su propia policía. Luego se retractó y se olvidó de lo que dijo, pero, como explicamos aquí entonces, si el gobernador hubiera tomado esa medida, el estado se quedaría, lisa y llanamente sin áreas de seguridad pública.

Este viernes la importancia de la presencia militar se volvió a poner de manifiesto con la muerte de los dos principales narcotraficantes, rivales entre sí, en la entidad y responsables directos del pico de violencia que ha vivido Tamaulipas en los últimos meses. Casi simultáneamente, Julián Loisa Salinas, El Comandante Toro, líder del cártel del Golfo, y Francisco Carreón Olvera, Pancho Carreón y líder de la principal célula de los Zetas que pervive en el estado, murieron en sendos enfrentamientos con fuerzas militares. Es un golpe notable porque acabó con los dos responsables de la violencia, los secuestros, las extorsiones, en buena parte del estado y sobre todo en Reynosa, que se había convertido en el más importante centro de disputa entre ambos cárteles.

El Comandante Toro había escapado una y otra vez de los operativos en su contra por filtración de información de fuerzas de seguridad locales. Carreón era un narcotraficante despiadado. La muerte de Loisa Salinas provocó decenas de bloqueos y ataques de su gente en Reynosa, pero lo cierto es que las dos organizaciones criminales quedan descabezadas. Eso hubiera sido imposible sin la participación militar. Se puede argumentar, aunque es una verdad a medias, que no pasa nada, que simplemente un narco es reemplazado cuando muere o es detenido, por otro. Pero lo cierto es que las operaciones criminales se ven seriamente afectadas y si los grupos resurgen es porque no existen las fuerzas de seguridad locales que impidan ese resurgimiento. Todo se convierte en una tarea titánica, donde el principal papel lo juegan las fuerzas federales, sobre todo las militares, que cortan cabezas de la hidra, mientras nadie impide que crezcan otras. Incluso, en esa lógica la aprobación de seguridad interior es necesaria, pero todo parece indicar que, salvo que el PAN decida dar una vuelta en U en el Congreso, nos quedaremos, nuevamente, sin ese ordenamiento legal. Y ya van tres sexenios que eso ocurre.

Mientras tanto, la violencia no disminuye en el país. Los índices de marzo fueron los más altos desde el 2011. Se denunciaron dos mil 20 ejecuciones, aunque las contabilizadas son casi dos mil 300. Es consecuencia directa de los enfrentamientos entre distintos cárteles y rupturas como las que está protagonizando el cártel de Sinaloa desde la extradición de El Chapo Guzmán a Estados Unidos. Pero, incluso, en ese contexto hay cifras notables, terribles: en Colima, el estado más violento del país, hay un promedio de 20.3 muertes por cada cien mil habitantes, equiparable al de las zonas más violentas de Centroamérica.

Será muy difícil que esos números disminuyan realmente sin instituciones de seguridad locales que le arrebaten a los criminales el control de distintas zonas del país que hoy están prácticamente bajo su égida. Una de las mejores demostraciones de que las leyes son necesarias para imponer condiciones idóneas de combate a la delincuencia lo tenemos en los estados donde no se ha podido dar una vuelta al problema porque no existen condiciones para hacerlo o donde la intervención de fuerzas federales queda atada de manos por los condicionamientos políticos locales o por la ausencia de leyes que permitan una operación de fondo. Aunado a eso, no existen normas que impongan la obligación de los gobiernos locales a crear fuerzas de seguridad estatales realmente competentes y homogeneizadas con las federales. Mientras eso no ocurra la violencia seguirá siendo la norma. Y los grandes golpes como el que tuvimos en Tamaulipas con la caída de El Toro y Pancho Carreón, que descabeza simultáneamente a los dos principales grupos criminales del estado, seguirán siendo un éxito de duración limitada.

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