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DOS AÑOS, EL COLETAZO DEL DIABLO.

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EjecutadosCIUDAD JUAREZ.- Por 30 años, esta ciudad, carente de infraestructura urbana y con un cinturón de pobreza como en otras fronteras del mundo, fue para los ciudadanos un espacio de labon vivant, -la buena vida-, donde se podía convivir, comprar automóviles de reciente modelo, gastar dólares a raudales en las tiendas departamentales de El Paso, construir edificios e invertir en florecientes negocios.

Una sociedad suigeneris que creció conociendo el precio de todo, pero también el valor de nada.

Pero un día de principios de 2008, los juarenses que por décadas ‘le tocaron la ventana al diablo’,  éste les abrió la puerta y les mostró la cola: Llegaron por miles los muertos y la tragedia asoló los hogares y las calles. El narcotráfico y sus redes de poder en la sociedad le cobraron factura.

Hoy se contabilizan en 4,849 el número de personas que han sido ejecutadas en dos años, la enorme mayoría de hombres, cuyas vidas estaban vinculadas, directa e indirectamente a la delincuencia organizada.

Son, a dos años de la incursión de un numeroso grupo de militares y policías federales, muertes que no tienen fin. Representan casi la tercera parte de los cerca de 17 mil asesinatos en la guerra contra el narco emprendida en el gobierno de Felipe Calderón.

Y hoy, esta urbe, donde a cada momento, se escuchan los estruendosos disparos de armas de fuego, el ulular de las ambulancias y el patrullaje de un ejército de 5 mil militares; 2,600 policías federales; 1,240 castrenses adicionales adscritos a las tareas de Seguridad Pública y de Tránsito, además de 3 mil policías municipales, muere día con día.

Presenta un cuadro clínico grave: de impresión, ansiedad, angustia y paranoia, ante más de cuatro mil muertos “sin rostro”, dijo Guadalupe Díaz, coadyuvante en el Colegio de Psicólogos de Ciudad Juárez.

Estamos para buscar una solución, nos encontramos ante una “sociedad enferma”, los delincuentes, incluidos los que ya han fallecido, no nacieron ayer, nacieron hace muchos años, dijo el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez durante la visita presidencial a esta frontera el pasado 17 de marzo.

Y luego justificándose de lo que hoy le sucede a Juárez, expresó: “Es evidente que a un doctor se le exija la cura, pero no se le puede responsabilizar de ella”.
Para el abogado de la nación, de origen chihuahuense, la seguridad no se va a construir en un día.

Desde el arribo de las fuerzas militares a las calles de esta frontera, con motivo del creciente número de asesinatos en marzo de 2008, todo en Juárez ha sido distinto.

Creció el número de los asesinatos, aumentó la psicosis y el temor de la población y con ello también, las denuncias de abusos de soldados y policías federales. Los resultados han sido magros y severamente cuestionados. 
-Los soldados no se van-, dice categórico y seguro el alcalde José Reyes Ferriz, tras describir en la clasificación, el agrupamiento de 11 mil 840 policías, soldados y federales.

En dos años, el gobierno ha cambiado la estrategia tres veces, ha enviado a dos secretarios de gobernación: el ex tinto Juan Camilo Mouriño y Fernando Gómez Mont, y el Presidente de la República, de manera personal, ha tenido que visitar la frontera en un lapso récord de 31 días;

Sin contar, el mandato presidencial para que tres de sus hombres: El secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar, el jefe de Asesores Antonio Vivanco y el Consejero para la Atención a Grupos Vulnerables, Luis H. Álvarez encabecen acciones de coordinación en el plan de emergencia ‘Juárez, Somos Todos. Reconstruyamos la ciudad’.

Sin embargo las autoridades federales, en su primer intento de cambiar al jefe militar del Operativo y su nombre, el General Felipe de Jesús Espitia, en enero de 2010, también fracasaron, porque  el enviado de la Secretaria de Seguridad Publica Federal, Vidal Díazleal Ochoa, propuesto por el Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, fue señalado por presuntos antecedentes de irregularidades en su expediente.

El verdadero trasfondo: la disputa del mercado del narcomenudeo y de la principal ruta de trasiego de droga a los Estados Unidos, entre cuatro organizaciones delictivas identificadas, que tan solo en el primer rubro, les genera ingresos diarios de 3 millones de dólares, producto de una adicción cada vez más creciente que supera los cien mil consumidores de drogas, dijo un experto en seguridad.

El hombre –que jamás ha participado en la función pública-, pero que tiene desde hace años las mejores relaciones con altos mandos del Ejército en Chihuahua-, saca un documento, para señalar con precisión que, además, en Juárez existen cuatro mil picaderos, y donde hace hincapié en que más del 90 por ciento de los crímenes tienen relación con las actividades del narcomenudeo.

El derechohumanista Gustavo de la Rosa Hickerson, dijo que existen grandes “lunares” en la Operación Conjunta Chihuahua, que tiene que ver con la falta de eficacia para la detención de los capos y lograr la disminución de la violencia, y que en contra parte, no se asuma una competencia para la investigación de los homicidios, y solo sirva para “darles poder a los militares”.

“Existe una sumisión que se impuso a los gobiernos locales, que se dedicaron a brindarle todo el apoyo, aun ilegalmente al General (Espitia), quien ha concentrado más presupuesto y mas decisiones”. -Todo el poder y más acciones de tortura, porque es él (el General), quien las autoriza-, abunda el derechohumanista.

Por su parte y por separado, el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza y el alcalde José Reyes Ferriz, dijeron que los asesinatos decrecieron al 50 por ciento, de acuerdo a los resultados observados en semanas anteriores.
Reyes Baeza ponderó la disminución de los crímenes, y dijo que de 300 que se venían cometiendo, ahora se registra un promedio de 150 personas, y lo atribuyó a las estrategias de la OCCH.

El alcalde José Reyes Ferriz, por igual, habló de un porcentaje del 50 por ciento a la baja en los asesinatos, e incluso, dijo que ya existe una petición para la ampliación del plazo, a fin de que los soldados sigan protegiendo a la ciudad; “Que los militares puedan permanecer por tres meses más: hasta el mes de junio de este año”, precisó el Presidente Municipal.

LOS RESULTADOS OFICIALES.

En los resultados “finales” del Operativo Conjunto Chihuahua, un documento de información proporcionado por el vocero, Enrique Torres Valadez, señala que del 24 de marzo de 2008  al 13 de enero de 2010, la operación logro el decomiso de drogas: 136.7 toneladas de mariguana; 224 litros de hashis; 7.2 kilos de heroína; 70 kilogramos de coca; 20 mil dosis de piedra; 5.1 kilogramos de cristal y 131 kilogramos de psicotrópicos, cuyo valor en el mercado negro es estimado en más de 2 mil 500 millones de pesos.

Además de que se han incautado en dos años, 2,220 millones de pesos y 378 mil 222 dólares.

Al reporte de los resultados “actuales” de la Operación Coordinada Chihuahua, se agrega también la numeralia de más de 550 armas decomisadas y una lista de 122 personas consignadas –todas ellas de origen nacional-, y solo un extranjero.

El diputado estatal, Víctor Quintana Silveyra, uno de los principales detractores del OCCH, dijo que ante más de seis mil muertos, la incautación de armas y drogas, “no significa nada”. -La gente vive el temor en las calles, en su patrimonio-, dice.

El legislador considera que aún no se ha atendido a la población en el problema de la violencia. “A lo mejor les hemos hecho el trabajo “sucio” a los gringos, pero no se ha atendido a la población por la violencia”.

Mientras que el OCCH ha vivido tres momentos considerados ‘clave’ en torno a las acciones desarrolladas en Ciudad Juárez, bajo el despliegue las fuerzas federales, con ocho mil soldados y policías federales en una urbe de 1.5 millones de habitantes, la violencia y la incursión de los grupos de la delincuencia no ha cesado, y peor aún, se mantienen también las quejas en contra de policías federales y los soldados del Ejército Mexicano.

En los saldos de dos años de la OCCH, el abogado Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador especial de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), que se atrevió a denunciar y a documentar abusos y atropellos de los militares, dijo a este diario que el OCCH ha sido un “rotundo fracaso”.

Pero acota: En mi visión de derechohumanista, que no permite valorar los decomisos de drogas o de armas, sino las violaciones individuales y a una gran cantidad de personas, violaciones que dice son de 3ª generación, porque son contra la humanidad –explica-, el gobierno y la Operación Conjunta Chihuahua han fallado.

Expresó que es increíble que la PGR a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), no haya establecido aun una “cabeza de playa” en Ciudad Juárez, “lo que nos hace sospechar” del verdadero objetivo que se persigue.

CRIMINALES DE ALTA PELIGROSIDAD.

En un documento denominado Detención de Criminales de “Alta Peligrosidad”, el OCCH destaca la detención de integrantes de los grupos delincuenciales en la presunta lucha por el control de la ciudad.

En la lista, aparecen las detenciones de José Efraín Aranda Arreola, “El 10”, presunto integrante del Cartel de Juárez o de la ‘Línea’, responsable de 25 ejecuciones, dice el reporte de la ahora llamada Operación Coordinada Chihuahua. Y también las detenciones de Ángel Alfonso Rodríguez Delgado (a) El cachetón; Felipe Antonio Enríquez (a) El Nano, estos integrantes del grupo llamado Artistas Asesinos (AA), para las autoridades, los responsables de cuatro ejecuciones.

Luego aparecen José Dolores Chavarría e Israel Arzate Meléndez “El Country”, involucrados en la masacre del pasado 30 de enero, donde fueron asesinados 15 jóvenes y once más resultaron lesionados en el fraccionamiento Villas de Salvarcar.

El documento hace referencia a la detención de la banda encabezada por Fernando González Ordaz, que bajo instrucciones de Gabino Valenciano Salas, tenían la instrucción de asesinar a integrantes de bandas rivales.

El grupo, a quien se le imputan 30 ejecuciones, entre estas, el reporte de tres hombres que pertenecientes al cartel de Juárez, fueron “degollados”, tenía su área de influencia en el Valle de Juárez y seguían instrucciones del grupo identificado con el Cartel de Sinaloa, o de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El 2 de febrero pasado, el Ejército Mexicano también logro el aseguramiento de Raúl Andrews Alvarado ‘El 18’ y Ángel Eduardo Rocha Godínez, que formaban parte del grupo de los aztecas, señalados como uno de los brazos operativos del Cartel de los hermanos Carrillo Fuentes.  “Ellos reconocieron haber ejecutado a 10 integrantes de la pandilla AA.

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