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CAMBIAR ALGO PARA QUE TODOSIGA IGUAL

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Por Jorge FERNáNDEZ MENéNDEZ./13 de Julio

¿Es necesario realizar reformas al nuevo Sistema de Justicia y al Código Penal? Seguramente sí, pero apostar por una contrarreforma que nos regrese al sistema anterior sería, simplemente, un error: deben realizarse ajustes con base en la experiencia que se ha tenido este año, pero lo que se necesita es que de la mano con esos ajustes haya una mucha mayor preparación de ministerios públicos y policías, atribuciones mayores a estos últimos y junto con ello, una ley de modelo policial eficiente además de la tan manoseada ley de seguridad interior.

Lo que hay que solucionar son problemas concretos. Es verdad que un porcentaje alto de delincuentes detenidos con armas han quedado en libertad. Decía ayer el comisionado de la Policía Federal,
Manelich Castilla Craviotto, que uno de los objetivos debe ser evitar que las personas que sean detenidas con armas de alto poder puedan solicitar seguir su proceso en libertad bajo fianza. “Resulta complicado, explicaba, entender que una persona que detenemos con un lanzagranadas quede en libertad. Son cosas que, necesariamente, se tendrían que revisar”.

Tiene toda la razón. Son ajustes que sí deben realizarse, pero también, como días pasados nos decía Eduardo Medina Mora en el programa Todo personal, quien es detenido con un arma de asalto puede y debe ser presentado por el MP con otras acusaciones y el propio MP puede pedir expresamente al juez prisión preventiva por la peligrosidad del personaje detenido. Quien carga un lanzagranadas debe responder no sólo por la portación sino por la forma en que obtuvo ese tipo de armamento y por otros cargos. Los MP deben estar preparados para hacer presentaciones completas de sus detenidos.

Tenemos que insistir en lo que decíamos ayer. Los ajustes al Nuevo Sistema de Justicia y al Código Penal no alcanzan para solucionar el problema. Hay que echar a andar de una vez por todas la nueva Fiscalía General de la República y con ello renovar en profundidad la labor de los ministerios públicos convertidos en fiscales. Se debe sacar adelante la ley del modelo policial, no la iniciativa de mando mixto, que no sirve, no alcanza y terminará siendo contraproducente: se requiere un nuevo modelo de policía, con mandos, criterios, armamento, equipo, entrenamiento, centralizados y comunes. Claro que pueden conservarse policías municipales con altos grados de autonomía y que, incluso, se deben atender singularidades locales y regionales, pero sin un nuevo modelo común y obligatorio para todo el país, no tendremos policías preparadas para afrontar el desafío de la seguridad, con ajustes o sin ajustes en el sistema penal. El mejor ejemplo de que la centralización funciona es la Ciudad de México.

Veamos el caso de Guerrero. En un estado en el que la autoridad y la ley han sido desmanteladas conscientemente durante años, donde la policía local casi no existe o ha sido profundamente penetrada por la delincuencia, incluyendo la de sus principales ciudades, donde existen zonas sin control real de la autoridad, ¿alguien puede creer que alcanza con la voluntad del gobernador Astudillo para cambiar las cosas? Se necesita voluntad, pero también leyes e instrumentos materiales e institucionales. Sin una estrategia global, sin una nueva policía, sin una intervención militar de fondo y sin una política social que rescate las zonas perdidas, ningún gobernador podrá, por sí solo, dar ese combate.

Los legisladores tampoco quieren sacar la ley de seguridad interior. Una voz autorizada me decía que no era necesaria una ley sobre el tema porque así se institucionalizaría la participación militar. No estoy de acuerdo porque, primero, esa participación militar en la seguridad interior es una realidad, y lo es desde el gobierno de Vicente Fox, estamos hablando de aproximadamente 15 años. Segundo, no veo ningún escenario en el cual la participación militar en el combate a la delincuencia organizada y la preservación de la seguridad interior vaya a reducirse en los próximos años: simplemente no hay la más mínima posibilidad de que ello ocurra en las condiciones actuales. Entonces por qué negarse a establecer claramente y con un marco legal adecuado los términos de esa participación. ¿O alguien cree que por algún milagro el día de mañana, gane quien gane en el 2018, tendremos policías y fuerzas federales y locales de seguridad tan eficientes que se podrá prescindir de la participación militar en la seguridad interior?

El Congreso y los partidos siguen manteniendo los temas de seguridad como rehenes de la agenda política y electoral de coyuntura. Ningún partido ni quienes se exhiben como precandidatos para el 2018 hah presentado alguna propuesta mínimamente seria en el tema de seguridad. Quizás, no lo han hecho porque saben que, necesariamente, tendrán que trabajar sobre estos mismos temas que ahora mantienen en la congeladora: la nueva fiscalía general, un nuevo modelo policial para todo el país y una ley de seguridad interior que le dé un marco legal específico a la participación militar. Sin eso pueden hacer todos los ajustes que quieran al nuevo sistema de justicia penal, pero los resultados serán los mismos o peores.

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