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ALUMBRADO PúBLICO: REVIRA EL EX ALCALDE AL INDEPENDIENTE CABADA, Y ASEGURA QUE SERá (ARMANDO) EL RESPONSABLE PENAL…

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CIUDAD JUAREZ.- El ex presidente municipal, Javier González Mocken reviró este mediodía al alcalde ‘independiente’, Armando Cabada Alvídrez, en torno al caso de las presuntas irregularidades en el Proyecto de Alumbrado Público, y dijo categórico que será Cabada quien será penalmente responsable por no ejercer las fianzas para cubrir en caso de vicios ocultos, los problemas que se hayan detectado en el servicio de alumbrado por parte de la empresa Intelliswitch.

El ex alcalde, conocido como ‘Supermocken’, fue abordado telefónicamente por el analista político Raúl Ruíz, quien dijo a Politikkon que el ex presidente municipal habia calificado como “muy desafortunada” la versión propalada en medios de comunicación, relacionada con la intención de ir en contra de los ex alcaldes priistas, Enrique Serrano y Javier González Mocken, por “fraude en alumbrado público”.

-Si en verdad lo dijo, es una declaración muy desafortunada-, dijo el también abogado González Mocken.

Expresó que para empezar no existe legalmente un quebranto al patrimonio del municipio puesto que existen fianzas para cubrir en casos de vicios ocultos, y él (Armando Cabada) no ha exigido el cumplimiento de las mismas.

“La responsable de ejercer el cumplimiento de las garantías es la actual administración, y el que va a ser responsable penalmente es Cabada por no ejercer las fianzas de los vicios ocultos que encontró, y no lo hace para llevar a cabo su plan de privatización de alumbrado público”, comentó Javier González Mocken.

Durante la víspera, el presidente municipal Armando Cabada declaró “Voy contra los ex alcaldes Mocken y Serrano por fraude en alumbrado público”.

Desde hace algunas semanas, y a raíz de la presentación oficial de un proyecto, cuya intención es la privatización del servicio de alumbrado público, ha trascendido que existe el interés de un millonario proyecto, que se pagaría con las aportaciones del Derecho de Alumbrado Público, del cual el gobierno estaría disponiendo de 25 millones de pesos mensuales a lo largo de 20 años, de una concesión que sería entregada por el gobierno a una empresa privada.

 

 

 

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